Una tutela en la que reclaman el derecho a la igualdad para continuar laborando, más de 50 vendedores del barrio P-5 se opusieron nuevamente al desalojo que la administración municipal intentó realizar para continuar la construcción del parque lineal del sur.
Según el personero delegado de los derechos humanos de Montería, Libardo Jiménez, la diligencia no se podrá llevar a cabo hasta tanto el juzgado penal municipal para adolescentes, que acogió la acción de tutela, no se pronuncie en los próximos 10 días hábiles.
El Inspector llegó al sitio a hacer el reconocimiento para iniciar el desalojo, pero la jueza ordenó la suspensión de la diligencia.