Hoy vence el ultimátum dado por el Gobierno Nacional, a través de la Consejería de Reintegración, para que más de cuatro mil desmovilizados de las extintas autodefensas se reporten, como manifiesto de continuar beneficiándose de la Ley 1424 de 2010.
De esta cifra de desmovilizados que no se han hecho presentes, se estima que cerca de dos mil quinientos se encuentran dispersos en el departamento de Córdoba. Algunos de ellos volvieron a delinquir con las llamadas bandas emergentes o bacrim; y estando en sus filas otro importante número ha muerto.
Frente a esta situación y por las actividades de reclutamiento de las bacrim, en marzo de este año, el Alto Consejero Presidencial, Alejandro Eder, vino a Córdoba a persuadir de mantenerse reintegrados a quienes sentían intimidaciones de este tipo, pues el departamento es considerado uno de los más afectados por el accionar delincuencial de estas organizaciones redes de los ‘narcocarteles’.
En recientes declaraciones, el alto funcionario reveló que de los más de nueve mil doscientos ‘exparas’ que no se habían reportado, solo 4.460 lo hicieron; de estos unos de 2.605 dijeron que sí quieren continuar bajo el marco de la Ley 1424, cuyo plazo vence hoy.
Perderían libertad
La advertencia y preocupación lanzada por el Consejero fue que ante el inminente vencimiento de la 1424 de 2010, y de no presentarse, quienes faltan están expuestos a perder su libertad y perder el resto de beneficios jurídicos consignados en esa ley. “La urgencia no es por quienes volvieron a delinquir porque ya perdieron los beneficios, sino por quienes no están delinquiendo y no se han reportado”, dijo Alejandro Eder, quien añadió que una vez vencido el plazo fijado para hoy, las órdenes de capturas suspendidas recobrarían vigencia, si no manifiestan querer seguir en la legalidad.
Algunas cifras
Según estadísticas oficiales, de los 35.308 desmovilizados de las autofensas, 26.444 pueden acceder a los beneficios de la Ley 1424. Más de 3.000 hacen parte del proceso de Justicia y Paz, y no pueden acceder a la nueva ley; unos 2.253 han fallecido, otros 1.029 incumplieron los compromisos con el Gobierno y fueron excluidos del proceso; de los desmovilizados 1.868 han sido condenados. Hasta ayer se tenía que de 26.444 desmovilizados, 21.374 se comprometieron con la ley.
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