Un promedio de 40 mujeres al mes denuncian que son víctimas de maltrato.
Esa estadística obedece solo a Montería pues en el departamento de Córdoba, especialmente en la zona rural, los casos son aún mayores.
Las estadísticas tampoco miden la realidad del problema en Córdoba y en su capital pues es mayor el número de mujeres que prefiere callar por pena o por evitar las sanciones a las que se haría acreedor la persona que las maltrata.
En medio de un panorama que empezó a cambiar por los rigores de la ley, el Gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, firmó un acuerdo nacional por la defensa de los derechos de las mujeres que fue convocado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón.
La iniciativa incluye un plan de acción con miras a disminuir los índices de violencia contra las mujeres y el embarazo adolescente en todo el país.
Durante la firma del acuerdo quedó establecido que en los proyectos de presupuesto se incorporarán las políticas en estos temas por parte de las administraciones departamentales y el Gobierno Nacional se compromete a brindar asistencia técnica a las regiones por medio de la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer.
Entre las acciones más significativas que establece el acuerdo nacional está incluir en los planes de desarrollo del Departamento el plan de acción y el presupuesto necesarios para impulsar acciones para la disminución y prevención del embarazo adolescente y la violencia contra la mujer.
De igual forma implementar, con la asistencia técnica de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, estrategias de información, comunicación masiva y sensibilización con el objetivo que las comunidades conozcan los derechos de las mujeres víctimas de violencia, los mecanismos existentes para su protección y se promueva la erradicación de esta problemática.
Incluye además el diseño de mecanismos para informar a las mujeres de su derecho a vivir sin violencia y para que exijan su efectividad frente a las autoridades e implementar acciones de comunicación interna enfocadas a sensibilizar a los funcionarios públicos del Gobierno Nacional y departamental sobre la gravedad de la violencia contra la mujer y el rol central que tienen en su prevención, atención y erradicación.
Finalmente el acuerdo busca promover acciones para fortalecer las Comisarías de Familia de los municipios del país con el fin de brindar pronta y efectiva respuesta a los casos de violencia contra la mujer.
