La inspectora de Trabajo del municipio de Tolú, Angelmina Romero Pérez, y al ex alcalde de Coveñas, Robins de Jesús Vitola Alvarez, fueron sancionados por la Procuraduría Regional Sucre con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos.
Lo anterior, al encontrarlos disciplinariamente responsables de varios cargos en un proceso de conciliación laboral con funcionarios de la Administración Municipal de Tolú.
Es así como la Procuraduría sancionó Angelmina Isabel Romero, en su condición de Inspectora de Trabajo de Tolú, es de destitución del cargo e inhabilidad por el término de 11 años y 3 meses, y la de Robins de Jesús Vitola Alvarez, en su condición de Alcalde (e) del municipio de Coveñas para la época de los hechos, destitución del cargo e inhabilidad por el término de 12 años y 3 meses.
El proceso inició a partir de la queja presentada en el mes de enero del presente año, por el actual alcalde de Coveñas, Cesar Serrano Romero, contra la Inspectora de Trabajo de Tolú, y contra Robins Vitola en su calidad de alcalde de ese municipio, por cuanto este ultimo pago a varios empleados y ex empleados, factores salariales que a su sentir no tenían derecho, además, cuestiona que este pagó se realizó con base en cumplimiento de una conciliación realizada en la oficina de trabajo del Municipio de Tolú, el 16 de diciembre de 2011, sin ser esta autoridad competente para ello.
Según los cargos, la disciplinada Angelina Romero Pérez, en su condición de Inspectora de Trabajo del municipio de Santiago de Tolú, probablemente realizó una función pública que no le estaba atribuida ni por Constitución, ni por Ley, en consecuencia, usurpó una competencia que estaba atribuida a otra autoridad publica, entonces en la condición acreditada direccionó la conciliación que se celebró ante su Despacho entre, Hernán Arrázola Espitia, en representación de varios empleados de Coveñas, y Robins Vitola Alvarez, en su condición de alcalde (e) de Coveñas.
Por su parte, Robins Vitola, en su condición de Alcalde encargado del Municipio de Coveñas establece la Procuraduría que probablemente ordenó el pago de la conciliación acordada entre el municipio de Coveñas y el apoderado Hernán Arrázola Espitia, en representación de los servidores públicos vinculados a la administración del Municipio de Coveñas.
Dicho reconocimiento se realizó mediante Resolución No. 176 del 19 de diciembre de 2011, por valor de $1.762 millones 399 mil 157, pese a que éste gasto no estaba presupuestado, consignando en dicho acto administrativo que éste sería cancelado en dos cuotas; la primera el 20 de diciembre de 2012, por valor d $964 millones 196 mil 712., correspondiente al 55% de la acreencia, y la segunda el día 16 de febrero de 2012, por valor de $798 millones 202 mil 445., equivalente al restante 45%, sin tener para ello en cuenta que ésta forma de pago no fue conciliada de la manera mencionada por una parte.
Los apoderados de los disciplinados intepondrán el recurso de apelación al referido fallo.
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