Los defensores de Derechos Humanos, que hacen parte de la Mesa de Víctimas de El Carmen de Bolívar, rechazaron enérgicamente las amenazas que recibieron en sus teléfonos celulares el pasado martes 2 de octubre, provenientes del denominado “ejército antirrestitución”.
Los representantes de las víctimas en este municipio, manifestaron en un tono enérgico que no entienden de dónde provienen las amenazas, pues dicen que en ningún proceso han exigiendo devolución de tierras a nadie.
Édgar Flórez Martínez, representante de las víctimas de la violencia ante el Comité Territorial de Justicia Transicional, expresó que la defensa que adelantan por las personas que han sufrido los embates de la violencia en El Carmen de Bolívar, está encaminada única y exclusivamente a la restitución de sus derechos humanos.
“Desconocemos el origen de las amenazas que han llegado a nuestros celulares a través de los mensajes de texto, pues para nadie es un secreto nuestro trabajo a escala municipal, departamental y nacional. Lo realmente cierto es que las víctimas en El Carmen de Bolívar estamos huérfanas de justicia”, dijo.
Resaltó que el primer municipio en el país en lograr la conformación de la mesa de víctimas fue El Carmen de Bolívar, pese a la falta de apoyo institucional en el proceso de reparación.
La mesa de víctimas de El Carmen es la que más organizaciones de base ha registrado en el departamento de Bolívar.
Igualmente, es la primera en Colombia que ha logrado formular su propio plan de acción, el cual debe estar articulado al Plan de Atención Territorial de las Víctimas en el municipio, pero que hasta el momento no se ha aprobado porque el Comité Territorial de Justicia Transicional no se ha podido reunir.
“Esperamos que en los próximos días la Administración Municipal convoque a los integrantes del Comité Territorial de Justicia Transicional, para la socialización y aprobación del Plan de acción que busca mejorar las condiciones de vida de las personas afectadas por la incursión de grupos al margen de la ley en años anteriores”, comentó.
Flórez manifestó que no van a cambiar su proyecto de vida por las amenazas y que tampoco se van a ir del municipio, ya que están seguros que con sus procesos no le están haciendo daño a nadie. Por el contrario, quieren que exista el respeto y la igualdad dentro de la comunidad.
“Sin garantías”
Gustavo Arrieta Pérez, otro de los amenazados, le manifestó a El Universal que de no generarse las garantías de seguridad, se van a ver en la obligación de renunciar y dejar a la deriva el proceso que vienen adelantando a favor de las víctimas.
“Soy el que más amenazas ha recibido en los últimos meses, hecho este que me ha alejado de mi familia y me convirtió nuevamente en un desplazado por defender mis derechos y el de mi comunidad”, arguyó Arrieta.
Precisó que todas las amenazas que han recibido como defensores de Derechos Humanos están denunciadas ante la Fiscalía General de la Nación, seccional El Carmen de Bolívar, pero no han visto los primeros resultados de las investigaciones.
“Sentimos que no tenemos las suficientes garantías desde las instituciones del Estado, lo cual representa para nosotros y nuestras familias un riesgo muy grande. Este hecho lo denunciamos en el Concejo de El Carmen hace varios meses y al parecer nuestras palabras no han tenido eco”, agregó.
Arrieta sostuvo que tanto él como su familia han sido víctimas del desplazamiento en repetidas ocasiones por defender los predios donde se encuentra ubicado el corregimiento de donde son oriundos, que al parecer fueron poseídos por terceros sin ninguna autorización.
Rechazo
Maribel Vásquez Fernández, secretaria de la Mesa de Víctimas Municipal y delegada ante el Comité Departamental de Víctimas, rechaza todo las amenazas que están recibiendo y recalcó que nunca ha tenido predios rurales que tenga que reclamar.
“Lo único que nosotros queremos como miembros de la Mesa de Víctimas es que en este municipio se dé una reparación colectiva, ya que el 85 por ciento de los habitantes de El Carmen somos víctimas de la violencia”, dijo.
Precisó que, de lograrse la verdadera reparación colectiva, no solo se estarían beneficiando las víctimas, sino todos los habitantes de esta población que fue resistente al conflicto armado que sostuvieron grupos ilegales.
“Las autoridades competentes deben darle la importancia que merece esta situación, ya que no es sólo en El Carmen de Bolívar, sino en diferentes regiones del país, puesto que nuestras amenazas coinciden con las que recibieron las organizaciones que defienden los derechos de las víctimas en la ciudad de Barranquilla”.
“No hay amparo”
Los amenazados denunciaron que no tienen el acompañamiento policivo, militar y psicosocial que requieren dentro de estos procesos, mientras se esclarece el verdadero origen de los mensajes amenazantes y se capture a los responsables de esta situación.
Cabe recordar que también fueron amenazados a través del mismo mensaje de texto, Marquesa González, Nayibis Mercado, Luis Alfredo Vásquez y la organización Asvidas, que también adelantan procesos en la defensa de los derechos de las víctimas.
Las autoridades
El coronel Adrián Dávila Ivanot, comandante del Batallón de Fusileros Nº3 de la Infantería de Marina, asegura que en los Montes de María no existen los grupos que se hacen llamar “ejército antirrestitución” u organizaciones armadas ilegales.
Dice que sí es probable que existan personas que quieran generar terror a través de mensajes de texto, pero los campesinos deben ser insistentes para que el miedo no regrese a esta zona de consolidación.
El militar les recomendó a las personas que fueron víctimas de las amenazas que, por medio de sus organizaciones, soliciten ante la Unidad de Protección de la Fiscalía la evaluación del riesgo, para que se determine si en este momento corren un riesgo inminente, ordinario o extraordinario y puedan recibir las garantías de Estado, por medio de la fuerza pública con el fin de que continúen trabajando por la restitución de sus derechos sin temor.
Por su parte, el comandante del Segundo Distrito de Policía de El Carmen, Óscar Serrano Daza, ratificó que de acuerdo a labores de inteligencia adelantadas por la Policía, se descartó cualquier existencia del denominado “ejército antirrestitución”.
Reiteró que las personas que lideran cualquier proceso de restitución de tierras en el municipio hacen parte del denominado Plan Padrino de la Policía Nacional, y están recibiendo las visitas periódicas en sus residencias y lugares de trabajo.
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