Tras la petición, Juan Carlos Gossaín Rognini, mandatario departamental, a través del Decreto 128, acató la orden del levantamiento de la medida de suspensión proferida contra el mandatario elegido el pasado 30 de octubre de 2010.
En el mismo decreto, el Gobernador dio por terminado el encargo que venía ejerciendo Ibett Concepción Guerrero como mandataria de los carme-ros.
La Contraloría remitió al despacho de la Gobernación la Resolución 0128 de abril 4 de 2013, en el que le pide restituir en funciones gubernamen-tales y administrativas al alcalde titular de este municipio de los Montes de María.
En el mes de enero, el contralor del departamento, Óscar Pardo Ramos, solicitó la suspensión inmediata de Vega Arrauth por un periodo de tres meses, pues consideró que este en el desempeño de sus funciones podía afectar los procesos de responsabilidad que tiene en su contra.
La Contraloría, a través del Área de Responsabilidad Fiscal, dijo en su momento que tenía conocimiento de actuaciones de “suma gravedad” que afectaban al patrimonio público, en las que estaría involucrado el Alcalde de El Carmen.
Pardo Ramos aclaró que las investigaciones continúan y que ahora se entra en la etapa de juicio.
Las investigaciones
Las dos investigaciones que se le adelantan al mandatario se le acusa de presunto detrimento patrimonial.
Según la denuncia, en el 2009 la Administración Municipal de El Carmen de Bolívar adquirió 2 compromisos con la suscripción de sendos contra-tos, a través de la figura de prestación de servicios profesionales, apoyo a la gestión, obras civiles y suministros.
Los beneficiarios de dichas acreencias contractuales no ejercieron acciones para hacer efectivos sus derechos, entonces el alcalde del momento, Galo Torres Serra, declaró la caducidad administrativa.
Pese a que la mayoría de los beneficiarios habían dado por culminadas sus pretensiones, éstos fueron contactados por funcionarios de la administra-ción de Francisco Vega con el propósito de negociar las cuentas por pagar y pactar un “miti – miti” a favor de las partes.
Es decir, conforme a la denuncia, las cuentas por pagar por concepto de contratación estatal habían caducado, en el sentido de que los acreedores no interpusieron las acciones pertinentes y dejaron vencer los términos, pero los funcionarios de la administración de Vega Arraut procedieron a pagar los dineros prescritos a favor del Estado, consiguiendo así un beneficio particular en detrimento del fisco del municipio.
El denunciante señala que los beneficiarios de las cuentas por pagar no actuaron dolosamente, sino bajo la confianza legítima, encausada en el deber que el Estado tenía con ellos.
Segunda denuncia
Según el denunciante, el alcalde trasladó a las cuentas de Cajacopi, EPS del régimen subsidiado, la suma de $864.437.528, pero deduce que la entidad desconocía los giros que le efectuó el municipio los días 28 y 29 de febrero de 2012, porque no entraron a su contabilidad.
Dijo que Cajacopi le hizo llegar a la Alcaldía posteriormente el corte de cuentas donde resume que el municipio le debe desde febrero del 2011 a septiembre de 2012, la suma de $158.227.138. Ante esto, es materia de investigación saber dónde están los recursos girados por la Alcaldía, así como determinar por qué supuestamente se consignó una suma superior a la que se debía.
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