El exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, quien se encuentra en un proceso de colaboración con la justicia en Miami, tiene 20 investigaciones fiscales en la Contraloría General de la Nación, las cuales ascienden a 107 mil millones de pesos.
“La Contraloría no está quieta, está trabajando para resarcir ese patrimonio público”, dijo la delegada de Investigaciones y Juicios Fiscales, Soraya Vargas Pulido, luego de la polémica decisión de la Corte Suprema de Justicia que salvó a Lyons de indemnizar al Estado por el cartel de la hemofilia, uno de los escándalos de corrupción más grandes en el departamento de Córdoba donde se habrían apropiado de 50 mil millones de pesos con falsos pacientes.
El fallo de la Corte señala que en el acuerdo que Lyons firmó no se contempló que debía resarcir al Estado. Sin embargo, la delegada de investigaciones señala que son respetuosos de las decisiones de la Corte, pero que seguirán trabajando en la recuperación del daño sufrido al patrimonio público.
Explicó que Lyons fue condenado a cinco años de cárcel por concierto para delinquir el año pasado y que la Corte advirtió que por razón del delito de concierto para delinquir, no hubo incremento patrimonial.
Dijo además que los cuatro mil millones de pesos que Lyons se comprometió a devolver al Estado corresponden a una acción penal por peculado y celebración indebida de contratos, pero consideró que es un monto muy bajo para la dimensión de las irregularidades detectadas en el departamento de Córdoba.
Como se recordará, la Corte Suprema rechazó una solicitud que había hecho la Contraloría para que el exgobernador pagara una indemnización por los dineros que desfalcó de la Gobernación de Córdoba, aduciendo que ni el alto tribunal, ni la misma Gobernación se opusieron al preacuerdo que pactó Lyons.
“Los perjuicios patrimoniales derivados de la comisión de los delitos imputados al exgobernador Lyons Muskus fueron excluidos del preacuerdo celebrado entre este y la Fiscalía (...) preacuerdo que no fue objetado o cuestionado por los respectivos apoderados de la víctima”, sostuvo la Corte.