Tanto la Ciénaga del Totumo como el balneario del volcán que recibe el mismo nombre, se asemejan al cuadro de un pueblo fantasma: en vez de los 700 turistas que los visitaban diariamente, es el aire de los cuerpos de agua el único que aúlla entre los tenderetes y las escaleras de palo que conducen hacia el cráter de barro negro.
Tanto pescadores como trabajadores del turismo caminan como pisando sobre cáscaras de huevo. Todos le temen al fantasma que está matando gente, de manera indiscriminada, en todo el planeta. Por eso, con ramas secas y barreras de plástico color naranja, cerraron la entrada al lugar.
Pero el gremio de los pescadores, con miedo y todo, no tuvo inconvenientes para franquear las barreras e invitar a los periodistas a que descendieran hacia la zona del volcán para relatarles sus desventuras con el declive de la pesca, lo que terminó generando una discusión entre ambos gremios, no se sabe si por temor al contagio o por el protagonismo de salir en los medios pidiendo la ayuda de los gobiernos local, departamental y nacional.
Antes de que llegaran los “turisteros”, los miembros de la Asociación de Pescadores de la Ciénaga del Totumo se agruparon bajo el techo de zinc de un estadero, dirigidos por Wilfrido Pérez, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Pueblo Nuevo, jurisdicción del municipio de Santa Catalina.
Parece que son los habitantes de Pueblo Nuevo los que más esquilman los frutos de la ciénaga y de la industria sin humo que se desprende del volcán. Sin embargo, Wilfrido Pérez, quien considera que la ciénaga es la empresa número uno de los pueblos que la rodean, afirma que causa más preocupaciones que el volcán, porque está colmatada de sedimento y aprisionada por una hierba llamada ‘el majate’, que impide que las atarrayas se sumerjan lo suficiente.
“Desde antes de que empezara lo de la pandemia, los pescadores salíamos a nuestras faenas, pero regresábamos sin nada, porque el majate no nos dejaba trabajar. Antes del sedimento y de que creciera el majate, la ciénaga alcanzaba entre tres y seis metros de profundidad. Ella ocupa un área de más de 60 mil hectáreas, de los cuales calculamos que está afectada en más de un 70%”.
En tiempos normales, los pueblos que bordean la ciénaga se alimentan de especies como la mojarra lora, la lisa, el lebranche, el moncholo y la mojarra negra, que también se comercializan en las carreteras interdepartamentales. Wilfrido Pérez aclara que la crisis pesquera se ha incrementado con la pandemia, pero en realidad comenzó desde mucho antes.
“La solución es un dragado profundo, pero sabemos que los recursos que tiene nuestro municipio no son suficientes, porque se trata de un macroproyecto con intervención del nivel nacional, para que se beneficien tanto los pueblos Luruaco, Guácharo, Piojó, San Juan Tocagua y Los Pendales, que pertenecen al Atlántico; y en Bolívar están Galerazamba, Lomita Arena, Bayunca y Clemencia. Algunos no son pescadores, pero reciben el alimento que da la ciénaga”.
Los pescadores insisten en que se necesita la presencia de las autoridades nacionales, porque el problema no solamente abarca la restricción de la pesca, también un asunto de usurpación de terrenos, puesto que en cuanto la ciénaga empieza a secarse, los terratenientes aprovechan y van cercando los terrenos que la falta de agua visibiliza.
“Y no conformes con eso --acusa Pérez--, instalan motobombas con las que sustraen el poquito de agua que deja la ciénaga y con ella riegan sus plantaciones. El Estado ya tiene conocimiento, pero no se pronuncia. A veces, hemos querido enfrentar a los terratenientes, pero la mayoría tiene miedo, a pesar de que nos estamos perjudicando cerca de cinco mil personas, entre pescadores, comerciantes y cultivadores de pancoger”.
Desde hace tres meses, tanto pescadores como trabajadores dicen estar ejerciendo actividades menores, para sostener sus hogares, dado que las restricciones a la movilización no permiten el traslado a otros pueblos, para las ventas de pescado y productos de la tierra. Hasta el momento ninguno ha sido contagiado y piensan que deben mantener invicta esa marca. He allí la razón de su celo con los visitantes repentinos.
“Pero sí queremos que nos visiten las autoridades nacionales, porque resulta que algunos nativos de las tierras de bajamar, entre Pueblo Nuevo y Galerazamba, están vendiendo tierras, a precio de huevo, a grandes inversionistas, quienes saben que, dentro de cinco u ocho años, el futuro de estos pueblos estará en el turismo, y que esas tierras servirán para montar grandes compendios hoteleros. Si eso ocurre, entonces nos tocará pagar para poder bañarnos en el mar. El Consejo Comunitario trató de intervenir, pero lo miraron como enemigo, porque aquí muy poca gente sabe lo que significa la Ley 70 y la defensa de los territorios afrodescendientes. Por eso, los inversionistas compran seis hectáreas y cercan ocho. Los pescadores teníamos un área de servidumbre en el sector Los Olivos, donde íbamos a pescar el chipi chipi y el camarón, pero ya los inversionistas construyeron muelles; y, si nos ven por ahí, nos echan los perros o nos forman problemas mayores. La gente ya está cansada; y, si el Gobierno nacional no mete su mano, ocurrirá una tragedia”.
Camilo Caballero, representante legal de la Asociación de Trabajadores del Volcán del Totumo, cuenta que quince días antes de que el Gobierno impusiera las restricciones, el grupo tuvo la precaución de cerrar el sitio, pero ni los cien socios directos ni las cuatrocientas familias que viven de lo que produce el sector están recibiendo ayuda de los gobiernos, según él.
“Nosotros cerramos temprano, porque la mayoría de los turistas son italianos, que dejan hasta cuatrocientos mil pesos diarios en cada estadero. En eso llevamos treinta años, lo que quiere decir que la economía de estos pueblos gira en torno al volcán y a la ciénaga. No hay más alternativas laborales. Pero está última puede decirse que está fuera de agenda, porque ahí no se podrían bañar los que salen del cráter a quitarse el barro negro”.
Los trabajadores dicen estar barajando la posibilidad de reabrir el volcán, aun a riesgo de infectarse, si siguen sin recibir la ayuda estatal, “porque ya fuimos a las oficinas de Icultur, en Santa Catalina, y les entregamos una relación de todas las personas que aquí trabajan, pero eso quedó en nada. La Alcaldía anunció que iba a repartir unas ayudas que le envió la Gobernación de Bolívar y ninguno de nosotros salió favorecido”.
Santander Villa pertenece al Comité de Gastronomía del Volcán, pero a la vez dice ejercer una vigilancia estricta en el sector, de día y de noche, para que nadie entre y contagie al pueblo. Son 17 los estaderos que están bajo su cuidado, los cuales favorecían a 35 familias de Pueblo Nuevo, que aportaban los ingredientes con que se diseñaba cada menú.
“Pero ninguna autoridad del Estado ha venido por aquí siquiera a enterarse de nuestra situación; y eso que llevamos treinta años pagándoles impuestos. El único puesto de salud cercano está en Lomita Arena, pero eso es lo mismo que nada, porque no tiene medicinas ni instrumentos ni nada. Por eso, no queremos recibir a ningún forastero, salvo que sea del Estado y trayendo ayudas”.
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