Por la indebida aplicación de recursos del Fondo de Energía Social -FOES que debieron aliviar el valor a pagar en la factura del consumo de energía para los estratos 1 y 2 de las zonas especiales de la Región Caribe entre julio de 2011 y octubre de 2016, la Contraloría General de la República profirió falló con responsabilidad fiscal por $211.755 millones de pesos en contra de Electricaribe.
De acuerdo con la Contraloría, “los $187.227 millones que recibió Electricaribe como canalizador del FOES, que administra el Ministerio de Minas y Energía, fueron aplicados al consumo distribuido comunitario y no al consumo individual del usuario que contaba con medidor individualizado como principal destinatario del mismo”.
El órgano de control precisó que los recursos del FOES son de inversión social y destinación específica, por lo tanto, debieron ser aplicados al consumo individual del usuario y no al consumo distribuido comunitario, como lo realizó Electricaribe.
“Al llevar a cabo dicha aplicación, no se alivió el valor a pagar en la factura por los usuarios, sino que por el contrario se favorecieron los ingresos de la empresa Electricaribe como canalizador, reduciendo con ello las pérdidas no técnicas de energía que presentaba la empresa en esas zonas especiales”, señaló la Contraloría.
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Además de Electricaribe, el fallo va también contra PricewaterhouseCoopers y tres de sus colaboradores, en su calidad de revisores fiscales de la empresa, por avalar la aplicación incorrecta de dichos recursos, toda vez que con su testimonio conllevaron a que el Ministerio de Minas llevara a cabo el giro de los recursos a Electricaribe.
Este proceso fiscal se originó en los hallazgos que se detectaron en una auditoría que realizó la Contraloría Delegada de Minas de Energía en 2017 y que dio lugar posteriormente a otras acciones de control en Electricaribe.