De cara al desarrollo energético, económico y social que se adelanta para el departamento de La Guajira, resulta indispensable abanderar procesos de capacitación de las comunidades étnicas para favorecer su participación en la toma de decisiones frente a su territorio a través de la consulta previa.
Por esto, el Ministerio del Interior en convenio con la Universidad de la Guajira llevó a cabo el curso intensivo sobre el derecho fundamental que tienen las comunidades étnicas a la Consulta Previa en Riohacha y Maicao. La formación la recibieron 100 integrantes de las comunidades con quienes buscaron multiplicar el conocimiento y que sean ellos mismos los que adelanten los procesos de consulta previa. Lea también: Abren incidente de desacato por falta de consulta previa para obras del Dique
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“Estas jornadas intensivas que se vienen realizando también en otras regiones del país, permiten tener comunidades étnicas más preparadas para decidir sobre los asuntos fundamentales que atañen a su territorio y su identidad e integridad étnica”, explicó el director de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Mininterior, Álvaro Echeverry Londoño.
También explicó que este es un principio constitucional contenido en la Sentencia SU-121 de 2022, la cual insta al Estado a cumplir con su deber de superar la asimetría en el diálogo, y que dicha brecha se debe zanjar mediante el acceso a la información y procesos formativos. Le puede interesar: La dura respuesta de Mininterior al exdirector de Planeación Nacional
“Esto exige comunidades mejor preparadas en materia de consulta previa para que puedan ejercer sus derechos y para que sean ellas, y no terceros, quienes puedan construir colectivamente modelos de desarrollo, de preservación e integridad para su territorio”, puntualizó Echeverry Londoño.
Este curso corresponde a la primera fase de la estrategia de la Dirección de la Autoridad Nacional de la Consulta Previa, cuyo objetivo es contar en La Guajira con capacidad técnica de gran formación, a fin de garantizar que los grupos étnicos sean protagonistas de sus propios procesos y se empoderen en cuanto al derecho fundamental a la consulta previa sobre proyectos, obras o actividades que impacten directa o indirectamente en sus territorios.