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Juez ordena arresto del alcalde de María La Baja por desacato a fallo de tutela

El asunto se deriva de un proceso de reparación directa, en el que la justicia declara responsable patrimonialmente a este municipio del centro de Bolívar.

Juez ordena arresto del alcalde de María La Baja por desacato a fallo de tutela

Entrada a la municipalidad de María La Baja.

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El Juzgado 1 Promiscuo Municipal de María La Baja, a cargo del juez Alan Nacim Cabrera Salgado, ordenó arresto inconmutable por tres (3) días y multa equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes contra del alcalde municipal, Ramiro González Mancilla, tras ser declarado en desacato por incumplir un fallo de tutela que amparó el derecho de petición (Lea: Estudiantes de Marialabaja obtienen puntajes históricos en los Icfes).

La acción de tutela, interpuesta por la abogada Renata Franceschi, en nombre propio, solicitaba el cumplimiento de una sentencia del Juzgado 10 Administrativo de Cartagena, dentro de un proceso de reparación directa, en el que se declaró responsable patrimonialmente al municipio por los perjuicios causados durante una diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho, ocurrida en 2007, en un predio del corregimiento de San Pablo, denominado ‘Chamba’.

En entrevista, la abogada Franceschi manifestó que el alcalde se ha sustraído de su deber legal y constitucional de cumplir el fallo judicial. “Es vergonzante que las autoridades administrativas de los entes territoriales pasen a la historia como representantes de la ignominia y la decidía”, declaró (Lea: ¿Por qué Marialabaja sembrará menos arroz en primer semestre de 2025?).

La profesional del Derecho también anunció que interpondrá denuncias penales por fraude a resolución judicial y presentará las quejas disciplinarias correspondientes ante los órganos de control, con el propósito de salvaguardar los derechos de sus representados, afectados por la omisión de la administración municipal.

La abogada manifiesta que este caso subraya la necesidad de garantizar la efectividad de los fallos judiciales y el deber constitucional de los funcionarios públicos de cumplir con las decisiones de la justicia.

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