El sur de Bolívar atraviesa una de las crisis humanitarias más graves de los últimos años.
Según una alerta emitida por la Defensoría del Pueblo el 10 de octubre de 2025, más de 24.000 personas han sido afectadas por la expansión y confrontación de grupos armados ilegales.
El informe detalla el número de personas vulneradas por municipio:
- Santa Rosa del Sur: 15.240 afectados
- Montecristo: 5.409
- Arenal del Sur: 3.090
- Cantagallo: 249
- Morales: 160
- Río Viejo: 76
Tribunal ordena al presidente Petro activar plan urgente por crisis humanitaria en el sur de Bolívar
En respuesta a esta situación, el Tribunal Administrativo de Bolívar emitió una medida cautelar que ordena al presidente Gustavo Petro convocar, en un plazo máximo de diez días, una reunión interinstitucional de alto nivel con el fin de diseñar un Plan Inmediato de Acción Interinstitucional.
La decisión surge tras una acción presentada por la Fundación para el Estado de Derecho, que documentó la grave afectación a la seguridad y los derechos colectivos en la región. La organización reportó la consolidación territorial de estructuras armadas ilegales como el Clan del Golfo, el ELN, el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, responsables de desplazamientos masivos, confinamientos y amenazas a la población civil.
La solicitud se sustentó con alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, informes de Naciones Unidas y comunicaciones oficiales de la Gobernación de Bolívar, que coinciden en advertir un riesgo extremo y creciente para las comunidades del sur del departamento.
El Tribunal consideró que la inacción estatal ha contribuido a la persistencia de la violencia, por lo que ordenó la articulación urgente de autoridades nacionales y territoriales. Entre las entidades citadas están los ministerios de Defensa, Interior y Agricultura, la Gobernación de Bolívar, 14 alcaldías municipales, la Procuraduría, la Fiscalía, la Unidad de Víctimas, el Dapre y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
La orden judicial establece que el plan de respuesta urgente deberá:
- Restablecer el orden público.
- Garantizar atención humanitaria inmediata.
- Proteger los derechos colectivos.
- Implementar mecanismos de denuncia y participación comunitaria.
Además, se ordena crear un Equipo Especial de Seguimiento, integrado por delegados del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y representantes de los alcaldes y del gobernador de Bolívar, con el fin de monitorear el cumplimiento de las medidas.
La reunión deberá realizarse dentro del plazo fijado y definir acciones concretas para proteger a las poblaciones que hoy permanecen en riesgo extremo.