Las violencia que se vive en algunas zonas del país, protagonizada por distintos actores armados ilegales, es uno de los principales obstáculos para avanzar con mayor celeridad en los procesos de restitución de tierras.
Así lo confirmaron Rangel Giovani Yule Zape, director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT); y Aura Patricia Bolívar Jaime, subdirectora general de la entidad nacional, quienes estuvieron recientemente en Cartagena participando en la Segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, convocada por el Gobierno de Colombia, el Gobierno de Brasil y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
En una entrevista para El Universal, los funcionarios hablaron de los procesos que se llevan en Bolívar y en general en Colombia.
¿Qué actividades desarrollaron en Cartagena y cuáles son los principales planes de trabajo, especialmente en Bolívar y la Costa Caribe?
Aura Patricia Bolívar Jaime: En Cartagena se desarrolló la Segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, convocada por el Gobierno de Colombia, el Gobierno de Brasil y la FAO. El objetivo central de esta conferencia fue retomar los compromisos asumidos hace 20 años, durante la primera Conferencia Internacional realizada en Porto Alegre, Brasil, y reflexionar sobre qué significa hoy la reforma agraria, no solo para Colombia, sino para el mundo. Lea: Entregan 21 títulos de propiedad en veredas de El Carmen de Bolívar
Hablamos de los desafíos actuales: el cambio climático, la concentración de la propiedad de la tierra, la persistencia del conflicto y la violencia, así como la necesidad de garantizar soberanía y seguridad alimentaria para comunidades rurales, campesinas, pescadoras, pueblos indígenas y comunidades negras. Esta conferencia busca reposicionar la reforma agraria en la agenda internacional, teniendo en cuenta las múltiples crisis que atraviesa el mundo.
Desde esa perspectiva internacional, ¿cómo se encuentra Colombia frente a otros países?
Rangel Giovani Yule Zape: Colombia viene implementando la Ley 1448 desde el 2011. A la fecha, se han inscrito en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas más de 14.220.000 hectáreas, lo que equivale a cerca del 10 % del territorio nacional. Este despojo ha afectado principalmente a comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, producto de la acción de actores armados ilegales (paramilitares, guerrillas y delincuencia común), así como de prácticas jurídicas, administrativas y políticas impulsadas por grandes terratenientes que instrumentalizaron la institucionalidad del Estado. En la etapa administrativa ya se han presentado 13.944.000 hectáreas ante la Rama Judicial, para que jueces y magistrados emitan las respectivas sentencias de restitución.
Para mayor claridad, ¿cuántas hectáreas se proyecta restituir, cuántas ya se han restituido y cuántas están en proceso?
Rangel Giovani Yule Zape: De las 14.220.000 hectáreas inscritas, en este gobierno se ha gestionado la inscripción de 8.590.000 hectáreas. En etapa judicial, este gobierno ha presentado demandas sobre 8.608.000 hectáreas, lo que representa el 62 % del total nacional en demanda.
En la etapa de posfallo, es decir, con sentencia ejecutoriada, actualmente hay cerca de 1.100.000 hectáreas restituidas. De ese total, este gobierno ha aportado 435.000 hectáreas, lo que significa que ya están en manos de las comunidades beneficiarias. La restitución no es solo la entrega de tierra: es la recuperación de la vida social, cultural, económica y espiritual de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
¿Cuáles son las principales barreras que dificultan que estos procesos avancen con mayor rapidez?
Aura Patricia Bolívar Jaime: Uno de los mayores obstáculos es la situación de seguridad. En varias regiones del país el conflicto armado persiste y suele agravarse en periodos electorales, lo que limita el avance de los procesos. Desde la Unidad siempre hemos sostenido que no puede haber restitución de tierras ni reforma agraria sin paz. Para que esta política tenga éxito, es fundamental avanzar en el diálogo y en estrategias de desescalamiento del conflicto, garantizando que las víctimas puedan retornar a sus territorios de manera digna y segura.
¿Por qué estos procesos pueden tardar tantos años, incluso cuando el despojo está probado?
Aura Patricia Bolívar Jaime: El caso colombiano es particular. Cuando inició la política de restitución, hace 14 años, el país no contaba con un catastro actualizado, ni con sistemas de registro completos, ni con linderos claramente definidos. Cada decisión de fondo exige verificar la naturaleza del predio, su extensión, su información catastral y registral. Incluso, hoy trabajamos en predios que no tienen formación catastral. Por eso, además de la paz, la restitución requiere avances en catastro y registro de tierras. Este gobierno ha logrado progresos importantes en actualización catastral, lo que ha permitido acelerar los procesos administrativos.
¿Cómo avanza la restitución en Bolívar y en la Costa Caribe?
Rangel Giovani Yule Zape: En Bolívar hay avances significativos. En Montes de María hemos desarrollado procesos piloto, incluso con actores privados como Argos, donde, tras decisiones judiciales que evidenciaron mala fe, se logró un diálogo que permitió acuerdos de restitución temprana, sin esperar sentencia. En esta territorial se han inscrito cerca de 96.000 hectáreas, de las cuales 81.400 ya están en etapa judicial y 27.900 hectáreas han sido restituidas mediante sentencia, beneficiando a 6.894 personas. No obstante, el reto sigue siendo enorme: de más de 14 millones de hectáreas inscritas a nivel nacional, apenas un millón cuenta con sentencia. Lea: Demanda para restituir tierras al Consejo Comunitario Los Olivos, en Calamar
El sur de Bolívar enfrenta una compleja situación de orden público. ¿Cómo trabajan allí?
Aura Patricia Bolívar Jaime: Este gobierno creó una nueva ruta para intervenir zonas no microfocalizadas, mediante el Decreto 1623, que permite avanzar en territorios afectados por el conflicto armado sin presencia física permanente. La documentación se realiza con información institucional, imágenes satelitales y cruces de bases de datos de entidades como la ANT y el IGAC. Ya se implementó esta estrategia en el Valle del Cauca y actualmente se amplía a otras regiones, incluido el sur de Bolívar. Además, expedimos la Resolución 848 de diciembre del 2024, que establece criterios de priorización, especialmente para personas mayores que llevan décadas esperando restitución.
¿Algún balance adicional para la región?
Aura Patricia Bolívar Jaime: Cuando llegamos a la entidad, el 65 % de las solicitudes eran negadas. Hoy, a nivel nacional, el 72 % de las decisiones son de inclusión. En la Dirección Territorial de Bolívar y Sucre, históricamente el porcentaje de decisiones positivas era del 44 %, pero en este gobierno alcanzamos el 94 %. Esto ha transformado la vida de miles de víctimas. Además, impulsamos la ruta colectiva campesina y procesos de revocatoria de decisiones negativas, así como casos emblemáticos como el Consejo Comunitario de Santo Madero.
Ángel Giovanni Yule Zape: El caso de Santo Madero es emblemático. Se trata de una comunidad profundamente golpeada por la violencia, donde una sentencia priorizó el liderazgo de las mujeres en la tenencia y uso de la tierra. Hoy desarrollan proyectos productivos, seguridad alimentaria y procesos de armonización comunitaria. Es un ejemplo de que sí es posible pasar de la violencia a un proyecto de vida digno, con enfoque de género y justicia social.
Finalmente, ¿qué mensaje dejó su participación en la conferencia internacional?
Aura Patricia Bolívar Jaime: De la conferencia se desprenden tres conclusiones claves. Primero, la restitución colombiana es una de las más avanzadas del mundo, porque no solo entrega tierra, sino que restituye derechos económicos, sociales, culturales y espirituales. Segundo, no puede haber reforma agraria sin restitución de tierras, redistribución, reconocimiento de derechos territoriales y marcos normativos sólidos. Y tercero, la reforma agraria y la restitución están en el centro de la construcción de paz. No habrá paz duradera, en Colombia ni en el mundo, sin justicia territorial.