La Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado, solicitó negar las demandas de nulidad electoral contra la elección de María Margarita Guerra Zúñiga como gobernadora del Magdalena para el periodo 2024-2027.
Tras la convocatoria de elecciones atípicas en las que resultó electa Guerra Zúñiga, sectores opositores promovieron demandas acumuladas pidiendo anular su triunfo por presuntas incompatibilidades, coincidencia de periodos, doble militancia e irregularidades en su aval.
En su concepto, el Ministerio Público argumentó en primer lugar que la renuncia de Guerra Zúñiga a la Asamblea Departamental fue aceptada antes de su inscripción y elección a la Gobernación, por lo que no existió ejercicio simultáneo de cargos ni se configuró una incompatibilidad.
Respecto a la doble militancia, la Procuraduría aclaró que, si bien se presentó por un partido distinto a su colectividad de origen (Fuerza Ciudadana), dicha agrupación perdió su personería jurídica mediante sentencia judicial. Lea aquí: Las 4 acciones que propone la RAP Caribe para enfrentar la crisis energética en 100 días
Al tratarse de una causa ajena a sanciones estatutarias, aplica la excepción de la Ley 1475 de 2011 que permite a los militantes inscribirse por otra organización sin incurrir en falta.
El aval formal fue expedido válidamente por el representante legal del Partido Ecologista Colombiano
Finalmente, sobre el aval y la alianza electoral, la entidad precisó que el aval formal fue expedido válidamente por el representante legal del Partido Ecologista Colombiano y que las discusiones sobre trámites partidistas internos o la presencia de movimientos sin personería jurídica dentro de la coalición no tienen la entidad suficiente para invalidar el acto electoral. Le puede interesar: Estas son las obras con las que el Magdalena se conecta con el resto del Caribe
Con la entrega de este concepto firmado por la procuradora delegada Idayris Yolima Carrillo Pérez, la Gobernación del Magdalena respalda la plena legalidad de su mandato, dejando sin sustento los cuestionamientos de la oposición mientras la Sección Quinta del Consejo de Estado deja el expediente listo para confirmar la permanencia definitiva.
