El gobernador Eduardo Verano De La Rosa, dio a conocer que luego de una reunión que sostuvo con la ministra de Transporte, María Constanza García, y su equipo de trabajo se tomaron una serie de decisiones con el objetivo de buscar soluciones al cobro de valorización que el Gobierno nacional estipuló en la vía que comunica a los departamentos de Bolívar y Atlántico.
Sostuvo que en la audiencia se determinó que los predios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 y las unidades agrícolas familiares de la vía Cartagena - Barranquilla quedarán exentas del cobro de este impuesto. Lea aquí: ¡Aberrante! Capturan a hombre que presuntamente abusó de sus 5 hijos
Explicó que, de 248.000 predios, 108.000 pertenecen a los estratos 1, 2 y 3; es decir, que se cobrará a los 140 mil predios de los estratos 4, 5 y 6 de esta zona.
El mandatario de los atlanticenses se reunió en Bogotá con la ministra de Transporte, María Constanza García y la decisión de la funcionaria del Gobierno nacional incluyó tomar decisiones sobre las obras que se harán con los recursos recaudados en el departamento.
“Lo más importante es que en esta reunión se ha logrado concretar cómo va a ser el cobro y a quiénes estará dirigido. Esto es supremamente importante. También se ha definido que en total de lo que se logre recaudar será invertido en obras de gran impacto”, manifestó el mandatario de los atlanticenses.
En la audiencia se determinó una próxima reunión con los gobernadores de Bolívar y Atlántico con la participación de Mintransporte, Planeación Nacional y Ministerio del Interior con el propósito de definir las obras a financiar.
Verano De La Rosa precisó que la jefe de la cartera de Transporte quiere que estos recursos sean invertidos en el Caribe. “Nosotros estamos insistiendo obviamente que sea invertido en nuestro departamento y estamos dispuestos a dialogar con la ministra y hacer consensos”.
El secretario general de la Gobernación del Atlántico, Pedro Lemus Navarro, anunció que los predios que básicamente quedarían por fuera serían los cascos urbanos de Piojó, Juan de Acosta, Tubará, Puerto Colombia, gran parte de Malambo y Soledad.
“Desde ese punto de vista hay que generarles tranquilidad a nuestras comunidades que no se van a ver afectadas por el cobro de valorización. Este último trimestre del año el ministerio se va a encargar de entrar en una etapa de socialización de la medida del cobro de la valorización”, comentó Lemus.
Se lo dicho por el funcionario, los propietarios de bienes inmuebles sujetos al pago tienen la oportunidad de presentar reclamos en caso de no tener capacidad de pago para sujetarse a esa medida. “Este trimestre va a ser más claro para poder definir finalmente cuál va a ser la base gravable de este cobro”, precisó.
Rachid Náder Orfale, secretario jurídico del Atlántico, dijo que frente a este nuevo ambiente de en materia de política pública trazada por el Ministerio de Transporte frente al cobro de la valorización se establecerán mesas de trabajo donde se combinen los proyectos consignados tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en los planes departamentales de desarrollo que nos permiten identificar matrices del proyecto que impacten en el área de afectación del tributo de valorización.
“Bajo ese contexto, la Gobernación del Atlántico estará haciendo las gestiones ante el Ministerio de Transporte con el fin de hacer realidad estos proyectos y lograr la cofinanciación”, puntualizó Náder Orfale. Siga leyendo: La empresa Air-e se pronuncia y dice que usuarios necesitan “soluciones reales”
Por su parte, la ministra de Transporte, María Constancia García, a través de la red social X, antes Twitter, informó que el 100% del recaudo por valorización se quedará en la región. “En septiembre, se publicará y actualizará el censo predial, seguido de la socialización del proyecto. La notificación será en noviembre, y el recaudo iniciará en marzo de 2025. Los ciudadanos podrán resolver sus dudas”-
García anunció que los recursos recaudados por valorización se invertirán en los proyectos de infraestructura más esperados por la región Caribe. “Es un ejercicio de justicia tributaria, pertinente, razonable, que captura parte del plusvalor para reinvertirlo en el desarrollo”.