En cumplimiento de las directrices de Presidencia de la República para la protección de la infraestructura eléctrica, Air-e Intervenida, con el acompañamiento de la Policía Nacional y la Alcaldía de Galapa, realizó un operativo interinstitucional en el sector de Las Petronitas, zona rural del municipio, donde fueron detectados 14 transformadores ilegales asociados a establecimientos dedicados a la transformación y comercialización de productos plásticos, conocidos como plastiqueras.
Según la empresa Air-e Intervenida, “durante la jornada fueron inspeccionadas 14 plastiqueras y otros establecimientos comerciales, entre ellos tres centros recreacionales, dos trituradoras, una tapicería de muebles, una bloquera y una rosquitería”.
Anota que la alta demanda de energía de estos establecimientos comerciales y la constante manipulación de las redes, “afecta el servicio a cientos de familias vulnerables en esta zona, considerada eléctricamente subnormal”.
Dentro de las acciones desarrolladas en terreno, se suspendió el servicio de energía a 14 plastiqueras que acumulan una deuda de 2.767 millones de pesos, equivalente al 62% de la cartera identificada en este grupo de establecimientos.
“En total, los negocios intervenidos registran obligaciones con Air-e Intervenida por aproximadamente 4.400 millones de pesos”; agrega el comunicado. Lea aquí: 800 mil usuarios de Air-e lograron mantener sus consumos pese a la fuerte ola de calor
Una sola plastiquera le adeuda a la empresa Air-e más 600 millones de pesos
Uno de los casos más representativos, dice el comunicado de Air-e, “corresponde a la plastiquera La Esperanza, ubicada en el predio Arturo Ávila, que registra una deuda cercana a los $659 millones con la compañía”.
Uno de los hallazgos más relevantes se produjo en un predio donde operaban cuatro establecimientos comerciales: tres plastiqueras y una trituradora de piedra. “En el lugar fueron encontrados ocho transformadores ilegales que, de acuerdo con la capacidad instalada identificada, cercana a los 126.000 kWh, podrían abastecer hasta 700 familias durante un mes”.
Actividades comerciales con alta demanda de energía
Para la empresa Air-e Intervenida, estos hallazgos evidencian una problemática que requiere mayor control por parte de las autoridades: la presencia de establecimientos comerciales e industriales en zonas rurales y sectores eléctricamente subnormales que, en algunos casos, utilizan conexiones ilegales y manipulan las redes.
La operación irregular de actividades comerciales con alta demanda de energía genera sobrecargas en los circuitos, aumenta el riesgo de fallas y puede inclusive afectar la vida de las personas. Le puede interesar: Las 4 acciones que propone la RAP Caribe para enfrentar la crisis energética en 100 días
Sobre el particular, el agente especial de Air-e Intervenida, Ramiro Castilla Andrade, señaló que la compañía continuará trabajando con las autoridades para combatir las conexiones ilegales y proteger la infraestructura eléctrica.
“En el caso de la zona rural de Galapa el nivel de manipulación de las redes es bastante alto. Si bien es cierto que en tiempo récord construimos el nuevo circuito Juan Mina 3 y próximamente entrará en operación el circuito Caracolí 7 para el municipio, si no se controlan las conexiones ilegales volveremos a enfrentar los mismos problemas a corto o mediano plazo”.
Ramiro Castilla, agente especial de Air-e Intervenida.
Air-e Intervenida manifiesta en el comunicado que continuará adelantando acciones conjuntas con las autoridades para detectar conexiones ilegales, proteger las redes y avanzar en la recuperación de la cartera, con el propósito de mejorar la confiabilidad del servicio y evitar que las prácticas irregulares afecten a las comunidades y a los usuarios que cumplen con sus obligaciones.
