Si se aprueba la Reforma Tributaria ocasionaría una mayor pobreza y más desempleo en el Caribe al debilitar sectores estratégicos de su economía, limitar sus posibilidades de desarrollo y lesionar su competitividad. Así lo manifestó Efraín Cepeda Tarud, presidente ejecutivo del Intergremial del Atlántico.
Dijo que la reforma también reducirá el desarrollo económico, lo que reducirá la competitividad de las empresas de la región. “Por todo eso le estamos solicitando a los congresistas, especialmente a la bancada Caribe para que vote negativamente los artículos que exponen al territorio a una crisis social, como consecuencia de esos impuestos que van a exceder la capacidad de pago de las empresas y van a poner en riesgo la continuidad de sus operaciones.
Cepeda Tarud manifestó que en el articulado que trae la reforma, “hay unos sectores muy golpeados, como los hacen parte del tema minero energético que está muy golpeado en esta Reforma Tributaria. Creemos es un sector que debe soportar la transición energética que está proponiendo el Gobierno nacional y con estos gravámenes lo que se está es desentivando toda esa inversión”.
Argumentó que otro de sectores que se verá afectado, en caso de aprobarse, son las zonas francas. “Y que, hablando de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, hay más de 300 empresas asentadas en esas zonas francas y más del 80% son Pymes. O sea, que no solo se está afectando a grandes empresas, si no a empresas pequeñas se estarían viendo afectadas”.
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Anotó que “este no es el momento de una Reforma Tributaria de 22 billones de pesos, porque el país y el mundo están próximos a afrontar una recesión mundial. Se está viendo una devaluación fuerte del peso, una inflación disparada, unos costos muy elevados de materias primas y lo más recomendable en estos momentos es aplazar esa Reforma Tributaria o reducir el impacto drásticamente, porque el sector productivo, el que genera los empleos, se va ver fuertemente afectado”.
Para Cepeda Tarud, una mayor carga fiscal desestimularía la inversión extranjera en la minería y los hidrocarburos, en contravía de la tendencia mundial, y aplazaría la explotación de los yacimientos de cobre de Córdoba y César, afectando la transición energética dado que este mineral es indispensable para desarrollar las energías renovables.
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Dice que la minería genera el 49% de las exportaciones del Caribe, 42.000 empleos directos y 205.000 indirectos. Además, por cada peso generado activa encadenamientos por 2,4 pesos en otros sectores; realiza compras de bienes y servicios por $9,6 billones de pesos cada año, de las cuales el 30% en los mercados locales; y anualmente paga compensaciones ambientales por $527 mil millones y realiza inversiones sociales directas por $126 mil millones de pesos, beneficiando a 193.000 personas.
Aduce que el Caribe es el principal receptor de inversión exploratoria de petróleo y gas en 2022, con USD 487 millones, el 59% de esa suma, en tierra firme. El total de la inversión en proyectos costa afuera se ejecutará en esta región, con compromisos en los próximos años por USD 1,5 billones. Aún con ese monto, poner a producir los recursos del Caribe requiere más pozos exploratorios e inversiones cuantiosas que convertirían a la región en la fuente de la soberanía energética de la nación y de la producción de hidrógeno verde y azul.
El Caribe tiene un potencial de producción de gas natural costa afuera que triplicaría las reservas del país. Aquí se ejecutará el 78% de la inversión en exploración por lo que desincentivarla es condenarnos a dejar ese recurso en el subsuelo y perder cerca de 20 mil empleos directos.
Por último, sostuvo que ponerles por decreto a las zonas francas un umbral de ventas máximo al Territorio Aduanero Nacional no superior al 40% en 2024; 30% en 2025; y 20% en 2026 para mantener el incentivo tributario de renta al 20%, y establecer que las que los incumplan por 3 años consecutivos perderán su calificación de usuarios industriales, desincentivaría la llegada de compañías a 45 zonas francas del Caribe; y pondría en riesgo a más de 300 empresas en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, 80% de las cuales son PYMES cumplidoras de compromisos de empleo e inversión.
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