De manera pacífica, un gran número de familias de diversos sectores de El Carmen de Bolívar comenzaron desde el año pasado a invadir el predio denominado Cataluña. Está en el sector El 28, donde han construido unas casas improvisadas para tener un lugar dónde vivir.
Los invasores aseguran que son en su mayoría desplazados por la violencia y otros que no cuentan con los recursos para tener una vivienda. Su necesidad ha sido tan apremiante que decidieron invadir ese predio que le pertenece al municipio, porque no podían seguir viviendo hacinados.
Yulis Morante Pérez, habitante del sector, indicó que se tomaron el terreno porque estaba baldío y sobre todo porque desafortunadamente no pueden ser beneficiados con las ayudas que entrega el Estado para adquirir una vivienda. A pesar que allí funciona un CDI y una sede escolar, ese lote estaba enmontado y se había convertido en botadero de basuras y refugio para los delincuentes, por eso decidieron tomarlo por porciones iguales y levantar las improvisadas casas en las que hoy viven.
“Desde octubre del año pasado, un grupo de alrededor de 70 familias que no teníamos un lugar dónde vivir decidimos utilizar esas tierras porque no podíamos seguir por ahí con nuestros hijos exponiéndonos a todo”, señaló la mujer.
La batalla por la tierraPero, a los ocho días de haber tomado el terreno, comenzó la “batalla por la tierra” con la Inspección de Policía municipal y los presuntos dueños de los lotes, porque les exigieron desalojar a través de una orden emitida por esa dependencia de la Alcaldía. Morante agregó que desde ese día se han llenado de requisitos, comenzaron a armar el rompecabezas de las tierras y han encontrado falencias que, según ella, podrían ser “artimañas” para evitar que ellos estén allí.
“Nos han amenazado con que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) nos va a quitar a los niños, pero nosotros no hemos hecho caso a eso porque realmente no tenemos para donde irnos”, añadió la invasora.
Agregó que pasado un tiempo llegó al proceso un señor identificado como Oswaldo Fernández con los supuestos dueños de los lotes donde serían construidas unas viviendas a través de subsidios o cartas-cheques, con documento en mano y también les exigió que desocuparan el predio. En vista de que esos documentos no revestían legalidad para ellos, los invasores no hicieron lo que Fernández les exigía. Por ello, una mujer identificada como María del Socorro Blanco los denunció, pero según ellos nunca la han visto y quien radica y recibe notificaciones del proceso es Fernández, tal como lo pudo verificar este medio en los documentos que posee la comunidad y los que reposan en la Alcaldía e Inspección de Policía.
“En repetidas ocasiones la Inspección ha fijado avisos donde establecen la hora y la fecha del desalojo, pero siempre lo aplazan. El ultimo era el 31 agosto y nunca llegaron. Lo único que nosotros queremos es que se haga una mesa de diálogo para exponer nuestras razones y nosotros escuchar lo que ellos tienen para decirnos, y no sigan dándonos ese trato, como si no tuviéramos derecho también a ser tenidos en cuenta dentro de los proyectos de vivienda”, agregó otro invasor.
Estos expresaron que se quedarán en ese lugar porque no tienen más.
El lote está conformado por 7 hectáreas de tierra, de las cuales tres han sido ocupadas por la primera etapa del barrio Villa Anita, y en las cuatro restantes se iba a construir una urbanización en la administración del año 2010, cuando fue alcalde Galo Torres Serra, llamada Pueblo Joven. Pero eso nunca se materializó. Solo hasta el año 2012 le fue instalada toda la servidumbre y la energía eléctrica.
Sin embargo, ellos no habían podido hablar con el alcalde Rafael Gallo Paredes, para explicarle la situación que existe sobre ese predio. Durante una visita que este realizó el miércoles pasado al lugar, ellos le manifestaron todo lo que estaba sucediendo y del desalojo que piensa realizar la Inspección. En un video de esa reunión, que también conoció El Universal, Paredes les manifiesta que a él en un consejo de seguridad le habían hablado solo de dos casas y no de todas las que establece un documento que le presentaron los afectados.
Otras respuestasPor su parte, Elsy Miranda, coordinadora de la oficia de Atención del Riesgo del municipio, señaló que en el año 2010, desde la secretaría de Planeación municipal, se realizó el reloteo del predio con un total de 94, de los cuales 54 fueron entregados con escritura más no con el dominio del predio, porque no estaba registrado ante la oficina de Instrumentos Públicos a los desplazados.
Según Miranda, los demandantes, que son 54, tienen derecho a reclamar porque cuentan con la escritura, pero que no han podido comenzar a gozar efectivamente de ese beneficio porque el predio está invadido.
“En este caso, el municipio debe realizar el desalojo para garantizarle a los beneficiarios sus derechos, tal como lo establece la Ley 1448 de 2011, porque, si no se les entrega el lote, se puede presentar una revictimización de las víctimas”, indicó la funcionaria. Explicó la coordinadora que en el año 2010 Acción Social, hoy día Departamento para la Prosperidad Social (DPS), construyó en ese lote un tanque subterráneo para almacenamiento de agua, las acometidas hidráulicas y las eléctricas, bajo un plano que fue aprobado en su momento. Para la disposición de heces y aguas servidas, entregaron una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), que se encuentra en el terreno denominado Espinoza. En cuanto a las personas que invadieron, dijo que deben desalojarlo porque ya estos fueron adjudicados. Desalojar les ayudaría, además, a que entren en un programa de vivienda para que puedan recibir el beneficio de un subsidio, porque si aparecen con viviendas construidas no van a poder entrar a los paquetes de subsidios, sino de mejoramiento de vivienda.
A su turno, Oswaldo Fernández explicó que lo que él está reclamando como enlace entre la Constructora Asoviplan y los beneficiarios del subsidio, es el desalojo de los 15 lotes invadidos de los 54 entregados, para comenzar con las obras de la segunda etapa de la urbanización Juan Giovanni Cristini.
Manifestó que el proyecto cuenta con los permisos de Acuecar E.S.P S.A., de Surtigas y Serviaseo E.S.P S.A., para comenzar a garantizar esos servicios en el momento que se construyan las casas.
“Nosotros les hemos ofrecido que en el otro predio que está libre en el mismo terreno les ayudamos con el levantamiento topográfico que es costoso, pero ellos no quieren acceder”, dijo Fernández.
En cuanto a las firmas de Oswaldo Fernández que aparecen en la denuncia y recibidos de las notificaciones para la recuperación del lote invadido, este no respondió nada. Solo manifestó ser el coordinador entre la Constructora y los beneficiarios. El inspector de Policía, Alejandro Arias Mercado, indicó que en lo que respecta al predio Cataluña, ese un proceso policivo por ocupación de hecho, el cual viene desde el 23 de octubre del año pasado, que iniciaron por una querella policiva que instauraron en ese despacho los beneficiarios del lote.
Arias señaló que como inspector de Policía puede ordenar el desalojo del predio, ya que está facultado por la Ley 1801 de 2016 en sus artículos 79, 80 y 206, y que no se está extralimitando en sus funciones. Manifestó que para el próximo 7 de septiembre van a realizar el desalojo, acompañado de todas las autoridades para garantizar el derecho de las partes involucradas. Aclaró que su firma aparece en un listado de asistencia a la primera audiencia pública sobre ese proceso, al igual que firma el personero y todos los asistentes.
