La restitución de tierras en Colombia, por medio de la Ley 1448 de 2011, que demanda la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, se ha convertido en la esperanza de miles de campesinos de diferentes regiones del país de retornar al campo.
Desde el 2011 hasta la fecha los reclamantes de tierras han presentado 119.813 solicitudes de inscripción, de las cuales el 78 %, es decir, 93.088, están habilitadas.
Así lo señaló durante una visita a los Montes de María, Andrés Castro Forero, director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), quien aseguró que dentro de ese mismo proceso han restituido 330.856 hectáreas de tierra, beneficiando a 42.565 personas, y han sido emitidas 4.683 sentencias por los jueces y magistrados de restitución.
El alto funcionario agregó que 17.072 casos han sido presentados ante los jueces y 8.748 solicitudes han sido resueltas con las sentencias. Son 51.487 casos los finalizados, entre los que se encuentran casos resueltos en sentencias y casos no inscritos.
Forero indicó que para el caso de restituciones étnicas han sido proferidas 14.912 sentencias. Además, familias completas han sido beneficiadas con la entrega de 206.866 hectáreas de tierra y 101 medidas cautelares han sido decretadas para proteger 5.682.818 hectáreas de tierra para 35.677 familias.
Igualmente, en proyectos productivos han logrado una inversión de un poco más de 95.521 millones de pesos, para atender a 3.690 familias con cría de reses de doble propósito, alivio de pasivos y la siembra de productos propios de cada una de las regiones del país. Asimismo, por medio del Fondo de la Unidad, han compensado en 328 casos a víctimas; 115 casos de terceros de buena fe y han atendido 129 casos de segundos ocupantes.
La URT destacó que ha priorizado a 4.247 familias para que reciban subsidios de vivienda de interés social y puedan tener una casa digna luego del retorno, porque quiere que los beneficiarios se sientan como estaban antes de haber salido de sus predios por la violencia.
Indicó que para 2018 contó con un presupuesto de inversión de 171.086 millones de pesos, de los cuales 162.446 millones de pesos han sido comprometidos (95 %).
“Este gobierno está comprometido con las víctimas, por eso hay una confirmación en la implementación en la Ley de víctimas y restitución de tierras. Recibimos un balance de lo que se hizo en los primeros siete años y vamos a corregir los errores donde los haya para lograr el proceso en los mejores términos posibles”, añadió Castro.
Resaltó que le van a ofrecer a las víctimas y a los segundos ocupantes todas las garantías del debido proceso para que sientan tranquilidad, porque lo que están haciendo es permitiéndole a cada beneficiario retornar a sus predios a través de un proceso de reparación integral que les va a dar una segunda oportunidad en la vida.
El director de la URT manifestó que en 2019 se van a seguir recibiendo y tramitando las solicitudes de los reclamantes de tierras. Se definirá si hay mérito para que tales procesos se ejecuten desde la fase administrativa que atiende la Unidad, posteriormente pasen a la fase judicial y, en un tercer momento, sean retomados para garantizar el acompañamiento en el retorno.
Precisó que el proceso de restitución tiene que ver con un episodio de microfocalización que se realiza conjuntamente con la fuerza pública, y no se pueden dar restituciones donde haya alteración del orden público.
Para la comercialización de los productos producidos por los campesinos restituidos en Colombia, la URT está alineada con la política en materia agropecuaria, la política de agricultura por contrato y la de coseche y venda a la fija, porque se garantiza que los campesinos van a tener un mercado asegurado.
“Antes de producir el campesino ya tiene un contrato que le garantiza que su producción va a ser adquirida a un precio que elimina a los intermediarios. En ese sentido los productos tienen unos clientes que han hecho una apuesta”, dijo el funcionario.
Indicó que esa tiene que ser la nueva lógica a través de la cual la agricultura retome una dinámica en Colombia. Es por ello que a nivel internacional ya firmaron un convenio con el gobierno de Suecia, para que la Organización Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (FAO) apalanque los proyectos productivos y garantice la seguridad alimentaria.
El director de la URT manifestó que eso significa que, además de los recursos que están incluidos en el presupuesto general de la Nación para atender a la víctimas, a través de la restitución y la formulación de proyectos productivos cuentan con recursos adicionales de cooperación internacional para realizar negocios productivos con la población beneficiaria de la restitución.
