En presencia de las autoridades de Turbaco y Cartagena, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, se inició ayer la socialización, con las comunidades de la zona de conurbación, del traslado de la cárcel de mujeres a un predio en el sector Llave de Oro, en la variante Mamonal- Policarpa, en jurisdicción de Turbaco.
La reunión se tenía prevista como el paso a seguir, luego de que la Alcaldía de este municipio emitiera la semana pasada un concepto favorable respecto al uso del suelo y normas urbanísticas de la zona a la que se mudaría el penal. Sin embargo, durante el encuentro, representantes de los barrios vecinos manifestaron nuevamente sus inconformidades con el proceso y expusieron supuestas irregularidades en el cumplimiento del uso de suelo, expedición de licencias y Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), a lo cual representantes de la Alcaldía de Turbaco precisaron que la revisión del PBOT sigue, lo cual indicaría que el traslado aún no es un hecho.
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Pese a que en la reunión se le explicó a los vecinos del sector la urgencia para el traslado de las reclusas, ya que están expuestas a riesgos debido a los problemas de infraestructura que presenta San Diego, e incluso se habló de algunos beneficios para la comunidad como colocar un CAI y que llegue Transcaribe, para los vecinos del sector esas medidas solo se tratan de “contentillos” para que cedan.
Álvaro Payares, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la urbanización Horizonte, expresó que en marzo les aseguraron que el predio “no cumplía con la reglamentación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial”.
“El dos de marzo nos reunimos y llegamos a la conclusión de que el PBOT no permite que funcione una cárcel y el 18 de marzo se corroboró en la reunión que tuvimos en la Procuraduría. No nos oponemos al traslado, sino a las formas ocultas como se están haciendo la cosas. La construcción fue suspendida por control urbano y la inspección de Turbaco en febrero, porque encontraron falencias en la licencia de construcción con el agravante que construyeron un cuarto piso que no estaba incluido en la licencia”.
Agregó que solicitaron la revocatoria directa de la resolución que concede la licencia del cuarto piso de la construcción, pero a la fecha la Alcaldía de Turbaco no se ha pronunciado al respecto.
Jairo Nieto, secretario de Planeación de Turbaco, precisó que hasta el momento solo hay una solicitud del Distrito de Cartagena para ver si es posible el traslado de las internas y que el visto bueno que dio el alcalde, Antonio Víctor Alcalá, está supeditado al concepto técnico del PBOT, el cual siguen estudiando.
“Hay que revisar nuevamente el PBOT, esto lo realizarán los asesores que lo hicieron y que actualmente trabajan en su actualización, ellos deben emitir un concepto. El visto bueno del alcalde fue dado, pero indicando que no se opone al traslado con la claridad de que estamos esperando los conceptos que se emitan del PBOT y uso de suelo”, aseguró Nieto.
En cuanto a la legalidad de la licencia de construcción, indicó que “hasta el momento ahí lo que hay es un licencia de construcción para construcción de locales comerciales y oficinas, y una intención del Distrito de Cartagena para ver si es viable, obviamente con adecuaciones si el uso de suelo lo permite”.
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Por su parte, José Carlos Puello, secretario del Interior de Cartagena, resaltó la importancia del traslado por el riesgo que representa la cárcel de San Diego para las reclusas e indicó que la administración departamental está dispuesta a seguir dialogando con las comunidades, con el acompañamiento de la Procuraduría y la Defensoría, hasta llegar a un acuerdo.
“Estamos socializando con la comunidad, hemos manifestado lo importante de ese centro de reclusión, es un tema humanitario que le pedimos a la comunidad tener en cuenta. Por ahora el alcalde de Turbaco y sus asesores están estudiando el visto bueno que debe dar”.
Puello puntualizó que el traslado es un tema transitorio mientras se construye la nueva cárcel, lo cual le compete al próximo gobierno.
En presencia de las autoridades de Turbaco y Cartagena, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, se inició ayer la socialización, con las comunidades de la zona de conurbación, del traslado de la cárcel de mujeres a un predio en el sector Llave de Oro, en la variante Mamonal- Policarpa, en jurisdicción de Turbaco.
La reunión se tenía prevista como el paso a seguir, luego de que la Alcaldía de este municipio emitiera la semana pasada un concepto favorable respecto al uso del suelo y normas urbanísticas de la zona a la que se mudaría el penal. Sin embargo, durante el encuentro, representantes de los barrios vecinos manifestaron nuevamente sus inconformidades con el proceso y expusieron supuestas irregularidades en el cumplimiento del uso de suelo, expedición de licencias y Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), a lo cual representantes de la Alcaldía de Turbaco precisaron que la revisión del PBOT sigue, lo cual indicaría que el traslado aún no es un hecho.
Pese a que en la reunión se le explicó a los vecinos del sector la urgencia para el traslado de las reclusas, ya que están expuestas a riesgos debido a los problemas de infraestructura que presenta San Diego, e incluso se habló de algunos beneficios para la comunidad como colocar un CAI y que llegue Transcaribe, para los vecinos del sector esas medidas solo se tratan de “contentillos” para que cedan.
Álvaro Payares, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la urbanización Horizonte, expresó que en marzo les aseguraron que el predio “no cumplía con la reglamentación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial”.
“El dos de marzo nos reunimos y llegamos a la conclusión de que el PBOT no permite que funcione una cárcel y el 18 de marzo se corroboró en la reunión que tuvimos en la Procuraduría. No nos oponemos al traslado, sino a las formas ocultas como se están haciendo la cosas. La construcción fue suspendida por control urbano y la inspección de Turbaco en febrero, porque encontraron falencias en la licencia de construcción con el agravante que construyeron un cuarto piso que no estaba incluido en la licencia”.
Agregó que solicitaron la revocatoria directa de la resolución que concede la licencia del cuarto piso de la construcción, pero a la fecha la Alcaldía de Turbaco no se ha pronunciado al respecto.
Jairo Nieto, secretario de Planeación de Turbaco, precisó que hasta el momento solo hay una solicitud del Distrito de Cartagena para ver si es posible el traslado de las internas y que el visto bueno que dio el alcalde, Antonio Víctor Alcalá, está supeditado al concepto técnico del PBOT, el cual siguen estudiando.
“Hay que revisar nuevamente el PBOT, esto lo realizarán los asesores que lo hicieron y que actualmente trabajan en su actualización, ellos deben emitir un concepto. El visto bueno del alcalde fue dado, pero indicando que no se opone al traslado con la claridad de que estamos esperando los conceptos que se emitan del PBOT y uso de suelo”, aseguró Nieto.
En cuanto a la legalidad de la licencia de construcción, indicó que “hasta el momento ahí lo que hay es un licencia de construcción para construcción de locales comerciales y oficinas, y una intención del Distrito de Cartagena para ver si es viable, obviamente con adecuaciones si el uso de suelo lo permite”.
Por su parte, José Carlos Puello, secretario del Interior de Cartagena, resaltó la importancia del traslado por el riesgo que representa la cárcel de San Diego para las reclusas e indicó que la administración departamental está dispuesta a seguir dialogando con las comunidades, con el acompañamiento de la Procuraduría y la Defensoría, hasta llegar a un acuerdo.
“Estamos socializando con la comunidad, hemos manifestado lo importante de ese centro de reclusión, es un tema humanitario que le pedimos a la comunidad tener en cuenta. El alcalde de Turbaco y sus asesores están estudiando el visto bueno que debe dar”.