Hay algo que es claro tanto para los ocupantes irregulares del predio Cachenche y como para la Sociedad de Activos Especiales (SAE): el desalojo del predio en jurisdicción de Turbana debe hacerse siguiendo una ruta de atención que proteja a todas las partes, y en ese objetivo se incluyó la posibilidad de que estas personas tengan una nueva tierra, asunto que es competencia de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), por lo que fue vinculada al proceso.
Pese a que las condiciones en que debe hacerse el desalojo están claras para las partes, hace dos semanas tampoco se pudo hacer el procedimiento, al parecer por problemas “logísticos”, por lo que esta semana se retomarán las mesas de trabajo a las que están invitadas la Gobernación de Bolívar, ANT, Alcaldía de Turbana con sus secretarías y los entes de control. Lea aquí: ¿Por qué la SAE debe ‘recuperar’ Cachenche?
El inicio de estas mesas se dará con vientos favorables para la SAE, un fallo de tutela y un incidente de desacato, ambos con resultados favorables para materializar el desalojo de Cachenche.
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El 3 de septiembre, el Juzgado Promiscuo Municipal de Turbaco no tuteló los derechos al debido proceso, igualdad, vida digna, vivienda digna, mínimo vital y móvil, derecho al trabajo, propiedad y posesión, protección especial de los niños, adolescentes y la tercera edad, a la protección especial de los grupos minoritarios gremiales, indígenas, raizales, negritudes, desplazados, víctimas del conflicto armado, que indicaban los ocupantes irregulares de Chachenche, estaba violando la SAE al avanzar con el desalojo.
Entre las peticiones del accionante estaban detener el desalojo y que la SAE garantizara una nueva tierra o una mesada provisional a las 226 familias que ocupan el predio. El juzgado negó todas las pretensiones, pero sí conminó a la institución a que cumpla con los protocolos para el desalojo y que vincule a todas las autoridades y entidades encargadas de velar por los derechos fundamentales.
También estaba en trámite un incidente de desacato propuesto por Enaldo Tovar, presidente de la Asociación de Campesinos Montes de Dios, y Judit Ramírez, miembro de la misma asociación, en contra de Juan Pablo Valbuena, gerente norte de la SAE, por el presunto incumplimiento de un fallo en el que el juez niega la tutela de los derechos fundamentales, pero conmina a la Sociedad a que coordine con la ANT, como administradora del fondo y del procedimiento de inclusión en el Registro de Sujetos de Ordenamiento (Reso) y adjudicación a campesinos sin tierra, junto con la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía Municipal de Turbana, con el fin de que procedan a realizar la identificación y clasificación de los campesinos ocupantes del predio Cachenche. Lea aquí: Campesinos de Cachenche hicieron plantón en Mamonal
Sin embargo, el incidente fue negado. Para el juzgado, “la orden de tutela impartida se viene cumpliendo coordinadamente por parte de la SAE en asocio con la ANT y otras entidades gubernamentales (...) En el informe solicitado de oficio a la ANT se tuvo conocimiento que la incidentante Judit Ramírez, pese a tener la información, no ha diligenciado el Formulario de Sujetos de Ordenamiento (Fiso), mecanismo a través del cual se adelantan los procesos de valoración para definir la inclusión en el Reso, hecho que valora el juzgado como inadmisible ante la reclamación personal de incumplimiento de orden judicial por parte de la SAE, pues no es apropiado endilgar responsabilidades a la parte contraria cuando no se han cumplido las propias”. El Universal intentó comunicarse con Tovar, para conocer su reacción a los fallos y cómo avanza para ellos este proceso de desalojo, sin embargo no se tuvo respuesta.
Respecto a señalamientos relacionados con un “interés particular” de la SAE sobre Cachenche, el gerente norte de la entidad, Juan Pablo Valbuena, aseguró que el único interés es cumplir con el deber misional de la entidad.
“En la SAE regional norte tenemos 5.000 inmuebles, más o menos el 10% son bienes rurales, desafortunadamente en algunos de ellos tenemos situaciones como en Cachenche, y frente a todos ellos nos toca por obligación misional y legal, evitar las invasiones. No hay ninguna persecución de orden institucional ni personal en contra de los ocupantes irregulares. Recordemos que estos son bienes que se quitan a personas sujetas de extinción de dominio, en ese proceso no hay injerencia, simplemente somos unos administradores con facultades para ejercer la debida administración”, le aseguró Valbuena a El Universal.