La Procuraduría General de la Nación requirió al alcalde de Magangué, Bolívar, Pedro Alí Alí, informar las acciones programadas a corto plazo para proteger la vida de los habitantes de los barrios Girardot y Santa Lucía, ante el riesgo de colapso que presentan los jarillones ubicados en esos dos sectores.
Funcionarios de la procuraduría provincial acompañaron la reunión sostenida en las últimas horas por la administración municipal con las familias que registran un mayor riesgo, y en la solicitud, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Magangué sobre informar las acciones programadas a corto plazo, indicaron que el rompimiento de esas barreras de protección, a orillas del río Magdalena, podría causar la inundación del 30 % o 40 % del municipio, afectando una gran cantidad de familias.
El órgano de control también pidió al alcalde indicar las medidas implementadas tras las inundaciones sufridas en distintos puntos del municipio, luego de las fuertes lluvias registradas el pasado 9 de julio, que “dejaron un gran número de hogares damnificados, que requieren la ayuda inmediata de la administración local y de la gobernación del departamento”. Lea aquí: Jarillón en Magangué está a punto de colapsar: hay 7 mil familias en riesgo
Según el alcalde Pedro Alí Alí, la estructura se está rompiendo y aproximadamente 7 mil familias están en riesgo de inundarse. “No queremos juzgar a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sino que el Gobierno no sea indolente con nuestro municipio. Estamos a punto de ahogarnos si no tomamos medidas inmediatas, no tenemos los recursos y eso lo sabe todo el mundo. Lo que se está presentando aquí es una posible catástrofe que no ha sido mirada en serio”, dijo el alcalde.
Alí Alí recordó que desde el 2021 la UNGRD viene realizando obras de mitigación del riesgo en esta zona de Magangué, sin embargo los trabajos se detuvieron ante la dificultad de reubicar 25 casas que necesitan ser evacuadas del sitio para poder continuar.
UNGRD y el jarrillón en Magangué
Con un comunicado, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) hizo un llamado a la alcaldía de Magangué a trabajar de manera articulada para proteger la vida de las personas que habitan en las 25 viviendas del barrio Girardot afectadas por la socavación del río Magdalena.
“El gobierno municipal tiene que hacer su trabajo. Cuando supera sus capacidades, entra el Gobierno nacional a través de la UNGRD, y esta solicitud empieza cuando se declara la calamidad pública. Este proceso lo realizó el señor alcalde de Magangué hace dos días”, dijo el director general, Carlos Carrillo.
Según la UNGRD, la obra que tiene un avance del 90% se encuentra suspendida ante las dificultades en la gestión predial. No se ha podido avanzar en la compra de las viviendas en riesgo porque se encuentran ocupadas. “El riesgo es inminente, pero es claro que la Unidad no tiene la potestad de ordenar un desalojo; es el alcalde de Magangué quien debe tomar esa medida”, puntualizó Carrillo.
“Es importante aclarar que el alcalde, primera autoridad del municipio, es el responsable de adelantar las acciones administrativas y de policía necesarias para efectuar el desalojo de las viviendas que se encuentran en la zona”, finalizó el director.