Este sábado 21 de septiembre vence la Resolución 20243040040685 del 28 de agosto del 2024, por medio de la cual el Ministerio de Transporte hizo otra prórroga de la suspensión del cobro en el peaje de Turbaco para vehículos livianos.
Ante esta situación había tensión en el ambiente, pues los movimientos antipeajes y los transportadores anunciaron que si se reactivaban los cobros el domingo 22 de septiembre tras el vencimiento de la resolución, se tomarían las vías de hecho y saldrían a protestar para evitar los cobros en la casetas que están en la subida a Turbaco. De hecho, desde el gremio de los transportadores intermunicipales indicaron que se declararían en desobediencia civil si se reactivaban los cobros, agregando que también contemplaban irse a paro, como ocurrió en una ocasión anterior.
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Sin embargo, este mismo sábado 21 de septiembre el Ministerio de Transporte se pronunció al respecto y emitió una nueva resolución, con la que vuelve a suspender el cobro en el peaje, esta vez por dos meses (hasta el 22 de noviembre del 2024), para las categorías I y II (automóviles, camperos, camionetas, microbuses, buses y busetas). La resolución indica que la prórroga puede extenderse si persisten las circunstancias que originaron la suspensión.
Dicha resolución está fundamentada en el artículo 21 de la Ley 105 de 1993, modificado por la Ley 787 de 2002, la cual regula las tarifas y peajes en la infraestructura de transporte a cargo de la Nación, así como en varios decretos y resoluciones anteriores que establecen las tarifas y exenciones en los peajes. Lea aquí: Mintransporte extendió la suspensión del cobro en el peaje de Turbaco
En la reciente resolución se menciona que se han venido utilizando recursos del patrimonio autónomo constituido para el contrato de concesión, pero que la situación de suspensión prolongada está afectando el equilibrio económico del contrato.
De hecho, cabe recordar que recientemente la Contraloría General de la República alertó que el contrato de concesión vial con Autopistas del Caribe presenta un alto riesgo de terminación anticipada, en caso de que no se logre llegar a un acuerdo para reactivar el cobro. Y es que la estructura financiera del proyecto estaba basada en el recaudo de seis peajes existentes (Gambote, Pasacaballos, Turbaco, Bayunca, Galapa y Sabanagrande) y uno nuevo que estaría ubicado en Arroyo de Piedra. “No se han logrado cumplir los plazos establecidos debido a dificultades con el funcionamiento de dos de las siete estaciones de peaje previstas: Turbaco y Arroyo de Piedra. Lo anterior ha generado la activación de riesgos tarifarios con cargos a la Nación”, dijo el ente de control.
Según la Contraloría, las obras de este proyecto debieron comenzar en abril de 2023, pero por las suspensiones en el cobro ha habido retrasos. “Preocupa mucho que de no lograrse un buen acuerdo entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el concesionario y las comunidades, en febrero del 2025 el contrato de concesión ya habría agotado sus recursos para el pago de compensaciones y en consecuencia podría entrar en causal de liquidación anticipada”, afirmaron. Le puede interesar: Este 21 de septiembre vence la suspensión de cobro en el peaje de Turbaco
Argumentos de la ANI
Cabe destacar que en la reciente resolución de suspensión del cobro en las casetas de Turbaco el Ministerio de Transporte señala que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) le solicitó analizar la viabilidad de prorrogar por dos meses más la suspensión del cobro de las categorías I y II del peaje de Turbaco. La solicitud se basa en razones de índole técnica, jurídica, social y financiera, argumentando que es necesario tiempo adicional para evaluar escenarios contractuales definitivos.
“De manera atenta, se propone analizar la viabilidad de expedir un acto administrativo que prorrogue por dos meses la suspensión del cobro de las tarifas de la estación de peaje de Turbaco, con el fin de que la Agencia Nacional de Infraestructura cuente con un tiempo prudente que le permita analizar los escenarios contractuales definitivos más favorables para la Nación, a partir de los datos y argumentos de orden técnico, jurídico y financiero disponibles, dada la imposibilidad del recaudo de las tarifas de las categorías I y II en el peaje. Ante esta situación, y teniendo en cuenta que el Gobierno nacional a través de la ANI ha llevado a cabo más de 16 mesas de concertación, ha propuesto el valor más bajo posible para las tarifas diferenciales de las categorías I y II, de conformidad con la metodología empleada por el GIT de Riesgos, la cual, entre otros, atiende a elementos de equidad fiscal, ha solicitado el acompañamiento de las autoridades departamentales y municipales y ha socializado repetidamente los efectos y consecuencias que conlleva la imposibilidad de cobro del peaje Turbaco para el proyecto Autopistas del Caribe, esta entidad deberá revisar el escenario jurídico y financiero ante la imposibilidad definitiva de cobro del peaje”, se menciona en la resolución.
Y en el doumento agregan: “Es importante recalcar que la ANI ha venido honrando las obligaciones contractuales de cara a la materialización del riesgo de menor recaudo haciendo uso de los recursos disponibles en las subcuentas del patrimonio autónomo constituido para el contrato de concesión. No obstante, la situación actual ya no es un riesgo temporal, sino que se constituye en una situación permanente que afecta el equilibrio económico del contrato para la entidad contratante, por cuanto, se estima que para el 2025 se presente insuficiencia de fuentes liquidas para las compensaciones derivadas del menor recaudo, situación que conllevaría a la activación de riesgos adicionales que podrían incluir la terminación anticipada del contrato. Ante este panorama, y después de agotar las instancias de concertación a nivel regional, es imprescindible que la Agencia Nacional de Infraestructura cuente con un tiempo prudente que le permita analizar los escenarios contractuales definitivos más favorables para la Nación, a partir de los datos y argumentos de orden técnico, jurídico y financiero disponibles, dada la imposibilidad del recaudo de las tarifas de las categorías I y II en el peaje, lo que constituye un hecho no imputable a las partes del contrato de concesión, pero que impide gravemente la ejecución del mismo, al obstaculizar el cierre financiero según el modelo financiero que fue propuesto por el concesionario y aceptado por la Nación”.
El Ministerio de Transporte acogió la propuesta de ANI y prorrogó la suspensión del cobro en el peaje de Turbaco por dos meses.