Una vez más el sur del departamento de Bolívar es el epicentro de una crisis humanitaria que no parece no acabar. En las últimas semanas se han reportado nuevos desplazamientos forzados que tienen a cientos de familias en condiciones de vulnerabilidad.
El caso más reciente es el de los corregimientos de Santo Domingo y San Agustín en Arenal del Sur, donde los habitantes se han desplazado de forma masiva a la cabecera municipal ante la amenaza de enfrentamientos entre grupos armados ilegales.
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Las víctimas se han concentrado en un polideportivo del municipio donde entre la Alcaldía y otras organizaciones se ha dispuesto de ayuda humanitaria. Además, se recibió un apoyo importante por parte de la Gobernación, sin embargo según la misma comunidad ha advertido, la situación sigue siendo crítica.
De hecho, el fin de semana, los pobladores realizaron una manifestación en donde con pancartas y arengas clamaron por la paz, el fin de la violencia y garantías de seguridad para poder retornar a sus territorios.
Aunque el Ejército Nacional se encuentra desplegado en la zona para restablecer el orden público, desde la Organización para la Defensa de los Derechos de los Ciudadanos piden al Gobierno Nacional activar la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), considerando la ola de violencia que ha estado afrontado el sur de Bolívar desde hace varios años.
La solicitud al Gobierno Nacional para activar el CIPRAT
Blanca Victoria Sabagh, líder de la organización y consejera departamental de Bolívar, explicó que dicha solicitud ha sido realizada ante la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior desde el año pasado, pero no ha habido un pronunciamiento al respecto.
“La respuesta institucional ha sido el eco ensordecedor del silencio, un silencio que se traduce en inacción y que profundiza la crisis humanitaria. Por ello, reitero e insisto en mi solicitud: es urgente activar un CIPRAT con la presencia efectiva del Gobierno Nacional, las entidades competentes y la participación de la sociedad civil”, indicó.
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Sabagh reiteró que desde el 2018 la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas por la vulneración de derechos humanos en el sur de Bolívar, por lo cual es necesario tomar acciones que garanticen la seguridad.
“Estas alertas no pueden seguir siendo ignoradas. La omisión frente a su cumplimiento constituye una falla en el deber de garantía y prevención del Estado frente a violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario”, puntualizó.
Sur de Bolívar: “Se requieren medidas efectivas y coordinadas”
Aunque se han realizado varios consejos de seguridad en la zona, incluso con la presencia de altos funcionarios del orden nacional, Sabagh asegura que la realidad ha demostrado que las acciones implementadas no han logrado su objetivo.
“La gravedad de la situación en el sur de Bolívar deja en evidencia la insuficiencia de la capacidad de respuesta de los gobiernos municipales y departamentales. Es imperativo que el Gobierno Nacional asuma el liderazgo de acciones contundentes, no solo planteadas desde la institucionalidad sino también que se escuchen las voces y se haga articulación con la sociedad civil, que es testigo y parte fundamental de la realidad en la región”, indicó.
La consejera departamental señaló la urgencia de estas medidas ante las vulnerabilidades que hay en el sur de Bolívar. “Es importante hacer un llamado respetuoso y aclarar que esta problemática no se resuelve con actividades y presencia institucional de uno a tres días que pueden responder a compromisos incluidos en los planes de acción y que podrían estar siendo utilizados para cumplir una lista de verificación, más no para solventar la realidad que se vive en el territorio. Es crucial que el Gobierno Nacional implemente medidas efectivas y coordinadas que garanticen la paz y la seguridad”, aseguró.