Este 2025 fue un año particularmente complejo para las poblaciones del sur de Bolívar. A pesar de las alertas emitidas con respecto a un escalamiento de la violencia por parte de los grupos armados ilegales, las comunidades siguieron siendo víctimas de desplazamientos, homicidios y múltiples atropellos por parte de las estructuras criminales.
Así lo deja ver un análisis realizado por el Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena, liderado por los investigadores Amaranto Daniels y Francisco Méndez, quienes con base en reportes de la prensa local, líderes comunitarios y organizaciones sociales de base hicieron un balance de las acciones registradas durante el segundo semestre del año.
Lea también: La radiografía de la situación de orden público en el sur de Bolívar
De esta manera, solo en el período comprendido entre el 18 de junio y el 24 de noviembre del 2025 se tiene reporte de 48 confrontaciones armadas, la mayoría entre los actores ilegales que hacen presencia en el territorio, pero también con la fuerza pública.
“Al ver el balance de estas acciones de violencia y vulneración de derechos en el sur de Bolívar es preocupante que se haya normalizado esta situación. Hay un promedio de casi ocho combates por mes”, alerta Daniels.
La mayoría se concentra en los municipios de Santa Rosa de Sur y Arenal del Sur, donde además se reportaron la mayoría de los desplazamientos y confinamientos en el territorio, principalmente en las comunidades de la zona rural.
Lea: Crisis humanitaria en Arenal del Sur: más de 500 familias desplazadas
“Esto refleja que se ha ido expandiendo la violencia y observamos que esto muestra un total de 88 muertes violentas. Si embargo, hay una particularidad y es que el municipio con más asesinatos es San Pablo, que no es una zona de combate pero sí está marcada por las dinámicas de la economía ilegal”, añade el investigador.
Esta situación prende alertas en el sentido de que la violencia no solo se está concentrando en las zonas rurales mediante los enfrentamientos, sino también en los mismos cascos urbanos a través de fenómenos como el sicariato.
“A esto le agregamos seis casos de secuestro, cuatro de minas antipersonas y tres casos conocidos de vías bloqueadas que nos permiten ver cómo la violencia se normalizó en estos municipios del sur de Bolívar”, indicó.
Lea: 15 días de paro armado en el sur de Bolívar: más de 5 mil personas en riesgo
Además, preocupa el registro de 10 ataques con drones, especialmente en zonas de Santa Rosa del Sur, Morales, Simití, San Pablo, Montecristo y el municipio de Yondó (Antioquia), colindante al sur de Bolívar.
“Los grupos armados ya empiezan a usar esta práctica de forma recurrente. Vemos una deficiencia por parte del Congreso de la República para empezar a restringir la compra de estos aparatos, que hoy están siendo utilizados como armas no convencionales para atacar tanto cabeceras como zonas rurales”, indicó el investigador Méndez.
El tejido social en el sur de Bolívar
A pesar de esta situación, las comunidades del sur de Bolívar también han demostrado una capacidad de resiliencia y organización que les ha permitido atravesar esta crisis humanitaria y muestra de ello han sido las siete movilizaciones que se han realizado por la paz, en poblaciones como Santa Rosa del Sur, Arenal del Sur y Montecristo.
Lea: Santa Rosa del Sur marchó por la paz tras paro armado en la zona rural
“Las comunidades han demostrado la capacidad de unirse ante las medidas que han tomado los grupos armados. Estas caravanas y manifestaciones de paz se dieron por el paro armado y las limitaciones a la movilidad. Organizaciones sociales, religiosas y Juntas de Acción Comunal fueron clave para desactivar esas medidas y establecer corredores humanitarios”, destacó Méndez.
Para los investigadores, este panorama demuestra que en el sur de Bolívar existe un orden social constituido desde las comunidades, hecho que también es resultado de la ausencia histórica que ha tenido el Estado en estas poblaciones y de la cual se han aprovechado los grupos armados.
Una situación cíclica en el sur de Bolívar
A pesar de que las autoridades han anunciado medidas para mitigar la violencia en el sur de Bolívar, lo cierto es que cada tanto vuelven a presentarse eventos de desplazamiento y confinamiento que hacen pensar en esta situación como un ciclo de no acabar.
“Cada vez que hay un aumento de las acciones armadas por parte de los actores ilegales se presenta el despliegue de tropas hacia los puntos más neurálgicos, pero cuando baja la conflictividad, se retiran. Esto es lo que viene generando las crisis humanitarias, los desplazamientos masivos y los confinamientos. Debemos entender que esta política reactiva no va a llevar al desmantelamiento de las estructuras criminales, pues lo que vemos son grupos en expansión”, aseguró Méndez.
Lea: La ofensiva de las Fuerzas Militares para recuperar orden público en el sur de Bolívar
Por su parte, el investigador Daniels señala que en el período analizado se realizaron 10 operaciones por parte de la fuerza pública para la captura de mandos medios y jefes de las estructuras criminales, pero parece que estas no han tenido efectos contundentes para garantizar el orden público.
“Tenemos comunidades desplazadas en las que la gente regresa a sus territorios sin garantías. El Estado carece de una política pública territorial que dé resultados en el corto plazo para combatir las estructuras criminales”, afirmó el investigador Daniels.
Lea: Desplazados en Arenal del Sur inician retorno, pero siguen esperando ayudas
¿Qué seguirá en 2026 para el sur de Bolívar?
El pasado 12 de diciembre de 2025, tras una orden del Tribunal Administrativo de Bolívar, se llevó a cabo la reunión de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), con el fin de tomar medidas frente a la crisis humanitaria en el sur de Bolívar.
Aunque hubo críticas por la ausencia de altos comandantes de la fuerza pública en el encuentro, se lograron establecer compromisos de seguimiento por parte de autoridades nacionales, departamentales y municipales.
Aún así, se elevaron preocupaciones frente a nuevos ciclos de violencia en 2026, considerando que se trata de un año con elecciones legislativas y presidenciales, que puede dar pie a constreñimientos y otras acciones que pongan en riesgo los comicios.
“Este gobierno debe garantizar las elecciones y el próximo, un plan integral con gobernadores y alcaldes para trazar las acciones que permitan desactivar esas estructuras criminales y desescalar el nivel de violencia en el sur de Bolívar”, dijo Daniels.
En este sentido, el investigador Méndez afirma que es momento de que el Estado comience a ejercer gobernanza sobre el territorio, ya que todo parece indicar que el próximo año la expansión de los grupos armados ilegales continuará.
“En los territorios, los actores criminales están siendo los generadores de oportunidad y trabajo a través de las economías ilegales como la minería o el cultivo de coca. Este es un factor que propicia la escalada de la violencia. Por eso es importante que el Estado empiece a tener un control real”, indicó.
El panorama sigue siendo complejo para el sur de Bolívar, por lo que se espera que el próximo año se implementen acciones efectivas y sostenibles en el tiempo que permitan devolverles la tranquilidad a las comunidades que allí habitan.