Homicidios, extorsiones, reclutamiento de jóvenes y restricciones a la movilidad hacen parte de los riesgos que enfrenta la población de Magangué, Bolívar, por la expansión del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo. Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo emitió este lunes la Alerta Temprana 024 de 2026 para el municipio y sus zonas urbana y rural.
Según la entidad, el escenario de amenaza está relacionado con la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes, adscrita a la estructura Arístides Manuel Meza Páez, cuyas acciones han derivado en vulneraciones de derechos humanos e infracciones. Lea: Ejército golpea minería ilegal del Clan del Golfo en el sur de Bolívar
Magangué constituye un punto estratégico en la depresión momposina por su ubicación geográfica y su conexión, a través de 84 kilómetros navegables del río Magdalena, el río Cauca y la Ruta 78, con subregiones como los Montes de María, el sur de Bolívar y La Mojana.
De acuerdo con la Defensoría, esta posición facilita el tránsito de economías ilícitas y equipamiento militar entre el nororiente y el Caribe colombiano.
La Defensoría del Pueblo recuerda que las alertas tempranas tienen carácter preventivo, no predictivo, y buscan salvaguardar la vida, la libertad y la integridad de las comunidades.
Defensoría alerta sobre homicidios, extorsiones y control armado en Magangué
La presencia del EGC ha estado acompañada de un aumento de la violencia. Según los datos expuestos por la Defensoría, entre abril y noviembre de 2025 se registraron 19 homicidios, mientras que durante los primeros siete meses de 2026 hubo 23 asesinatos y 11 personas heridas en ataques sicariales. La mayoría de las víctimas eran menores de 35 años.
A esta situación se suma la extorsión sistemática contra el sector productivo, con entre 12 y 15 llamadas extorsivas diarias denunciadas por comerciantes.
La entidad también advierte sobre la imposición de controles sociales y restricciones por parte de grupos armados en los corregimientos Juan Arias, Tacaloa, Cascajal, Henequén y Barranca de Yuca, así como en el complejo cenagoso de Cascaloa. Estas prácticas incluyen limitaciones a la movilidad, controles de precios y cobros extorsivos conocidos como “vacunas”.
Asimismo, alerta sobre la instrumentalización de líderes de Juntas de Acción Comunal (JAC) para realizar cobros extorsivos y la captación de jóvenes en barrios periféricos como El Prado y Nueva Colombia, quienes serían trasladados al sur de Bolívar para recibir entrenamiento militar.
Entre los hechos de intimidación señalados por la entidad también figura la ocupación, meses atrás, de la Institución Educativa del centro poblado Las Martas.
¿Qué comunidades están en riesgo en Magangué por la expansión del Clan del Golfo?
La Defensoría señala que Magangué registra 44.599 personas en el Registro Único de Víctimas, de las cuales 43.955 son víctimas de desplazamiento forzado. Esta cifra equivale al 30,3 % de los 147.190 habitantes del municipio.
La alerta también comprende a 15 consejos comunitarios afrodescendientes y 11 cabildos indígenas de los pueblos Zenú y Malibú, además de pescadores y ambientalistas que trabajan en la protección de las 11.000 hectáreas del complejo cenagoso de Cascaloa.
Según el documento, estos consejos comunitarios y cabildos indígenas cuentan con protección de la Sentencia T-163 de 2024 de la Corte Constitucional. Le recomendamos: Policía intensifica controles de seguridad en el centro de Magangué por hurtos
Recomendaciones de la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo
Ante los riesgos identificados, la Defensoría del Pueblo formuló 32 recomendaciones preventivas y humanitarias. Entre ellas, solicitó aumentar el pie de fuerza, fortalecer las labores de inteligencia y ampliar los patrullajes terrestres y fluviales en la Ruta 78 y los ríos Magdalena y Cauca.
También recomendó implementar programas urgentes para prevenir el reclutamiento, uso e instrumentalización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con prioridad para la estrategia Atrapa Sueños en los corregimientos incluidos en la alerta.
Además, pidió activar de manera oportuna las rutas de protección individual y colectiva para líderes y lideresas comunales, víctimas del conflicto, docentes, ambientalistas y autoridades étnicas.
Entre las entidades destinatarias de las recomendaciones se encuentran los ministerios del Interior y de Defensa, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía de Magangué, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otras.
