La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el alcalde de Simití, Bolívar, Wilman Eli Quintana González, y dos funcionarias de su administración, por presuntas irregularidades en el nombramiento y la posesión de la secretaria de Asuntos Jurídicos y Administrativos del municipio, quien aparentemente no habría acreditado los requisitos académicos exigidos para ocupar el cargo.
Los otros investigados son Marlen Cecilia Larios Mejía, quien se desempeñaba como jefe de Personal de la Alcaldía, y Mónica María Celis Posso, secretaria de Asuntos Jurídicos y Administrativos. Entre las presuntas irregularidades señaladas se encuentra que esta última no habría acreditado formación profesional en Derecho, requisito exigido para ejercer el empleo. Le sugerimos: Fotos: Gobernación de Bolívar entregó nueva pista de patinaje en Simití
¿Qué investiga la Procuraduría en Simití, Bolívar?
De acuerdo con la investigación de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barrancabermeja, se busca establecer si el alcalde realizó el nombramiento sin verificar que la funcionaria cumpliera las condiciones legales y si la entonces jefe de Personal certificó su información académica sin comprobar debidamente los soportes correspondientes.
En cuanto a Mónica María Celis Posso, el ente de control indicó que aceptó los cargos formulados en su contra por presuntamente tomar posesión sin acreditar los requisitos del empleo y utilizar documentos que no corresponderían a la realidad para demostrar su formación académica.
La Procuraduría calificó provisionalmente las conductas como faltas disciplinarias gravísimas. En el caso del alcalde y la exjefe de Personal, la imputación se realizó a título de culpa grave, mientras que para Celis Posso fue a título de dolo. Le recomendamos leer: Procuraduría destituye a Yaneth García Figueroa, exgerente del hospital de Río Viejo
El Ministerio Público aclaró que la formulación de cargos no constituye una declaración definitiva de responsabilidad disciplinaria. Por tanto, los investigados conservan la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa.
