Este martes 10 de noviembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la imputación de crímenes de guerra y de lesa humanidad a nueve antiguos integrantes de la Armada y a dos de la Policía Nacional, en calidad de máximos responsables, por su presunta participación en 32 masacres y otras conductas criminales contra la población civil en los Montes de María.
De acuerdo con la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, las masacres, ocurridas entre 1999 y 2001, se cometieron “en el marco de un alineamiento estratégico de miembros de la fuerza pública con estructuras paramilitares y otros actores regionales”. Lea también: JEP reconoce a los Montes de María como víctima del conflicto armado
“El alineamiento estratégico se manifestó a través de acuerdos, prácticas de coordinación, distribución de funciones, intercambio de información, facilitación de desplazamientos, omisiones deliberadas, tolerancia operacional y actuaciones dirigidas a favorecer, ejecutar, sostener u ocultar los crímenes”, señala la JEP en un comunicado.
Según la Sala, la violencia se dirigió especialmente contra comunidades campesinas estigmatizadas “como supuestas colaboradoras de organizaciones insurgentes”, lo que produjo “terror colectivo, desplazamientos masivos y vaciamiento territorial”.
“La investigación permitió establecer que la población campesina fue señalada reiteradamente como colaboradora real o potencial de las extintas Farc. Esta estigmatización convirtió sus liderazgos, vínculos familiares, actividades productivas y formas de organización comunitaria en criterios de sospecha y selección de víctimas”, continúa la declaración de la JEP.
Esta decisión se enmarca en el Subcaso Montes de María y municipios cercanos del Caso 08, que investiga crímenes cometidos por la fuerza pública y agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles en el marco del conflicto armado.
¿Quiénes son los imputados por las masacres en los Montes de María?
En total se imputaron crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 personas: nueve exintegrantes de la Armada y dos de la Policía Nacional, tras examinar sus posiciones de mando, competencias, deberes, conocimiento de los riesgos, capacidades, acciones u omisiones relacionadas con los hechos investigados.
Los exintegrantes de la Armada son Rodrigo Quiñones Cárdenas, Hernando Alfonso Jama Arjona, Ricardo Díaz Granados Mantilla, Benjamín Herrera Niño, Harold Afranio Mantilla Serrano, Camilo Martínez Moreno, Jairo Alfredo Prada Jaimes, Bautista Cárcamo Galé y Ramón Gerardo Moncayo Trujillo.
Los exintegrantes de la Policía Nacional son Norman León Arango Franco y Paulo César Cruz Delgadillo.
De acuerdo con la JEP, estas imputaciones son el resultado de un ejercicio de contrastación de información que incluyó la revisión de informes, versiones voluntarias de los comparecientes, observaciones de las víctimas, declaraciones, actuaciones de la justicia ordinaria, de la Justicia Penal Militar, Justicia y Paz e información oficial del Ministerio de Defensa y otras autoridades.
Las masacres de los Montes de María entre 1999 y 2001
La Sala examinó cuatro de las 32 masacres que se cometieron en los Montes de María entre 1999 y 2001 para establecer dinámicas criminales, modalidades de violencia y responsabilidades individuales.
Los cuatro casos estudiados fueron las incursiones paramilitares de Capaca, El Bongal y Campo Alegre (16 y 17 de agosto de 1999); El Salado, Flor del Monte, Canutal, Canutalito y La Sierra (febrero de 2000); El Limón, La Palma, Los Deseos, El Pavo, El Floral, Floralito, La Cañada, Berruguita y Macayepo (entre el 9 y el 17 de octubre de 2000) y Chengue (enero de 2001).
En estos cuatro casos fueron asesinadas 169 personas, mientras que en las otras 28 masacres que contempla la decisión murieron 115, para un total de 284 víctimas mortales.
Aún así, la Sala estableció que la violencia no se limitó a homicidios. También se cometieron desapariciones forzadas, torturas, amenazas, restricciones graves de la libertad, violencias sexuales y desplazamientos forzados.
De esta manera, se acreditaron un total de 1.219 víctimas: 1.191 individuales, 25 colectivas, dos territorios (Montes de María y Canal del Dique) y una Mesa de Participación de Víctimas en representación de víctimas indeterminadas.
Lo que sigue en el Subcaso Montes de María
Tras la imputación, los comparecientes tendrán 15 días hábiles para reconocer por escrito los hechos y su responsabilidad o controvertir la imputación con argumentos y elementos de prueba. Las víctimas y el Ministerio Público tendrán el mismo plazo para formular observaciones.
Si los comparecientes reconocen responsabilidad y aportan verdad, la Sala podrá emitir la resolución que definirá las sanciones restaurativas. En caso contrario, su proceso podrá ser remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) y avanzar ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento, donde de establecerse su responsabilidad, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de cárcel.
Dentro de la decisión, la Sala también ordenó crear dos mesas técnicas: una para revisar el estado de los procesos de valoración y acceso a las medidas de reparación de las víctimas de violencia sexual; y otra para las víctimas de desaparición forzada, con el fin de coordinar acciones de búsqueda, localización, identificación y entrega digna.
