El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, afirmó que en 133 municipios de 24 departamentos está latente el riesgo de que ocurran protestas, disturbios o asonadas en el marco de las elecciones territoriales del próximo 29 de octubre.
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Según la Defensoría, el departamento con más municipios en riesgo es Bolívar (13), le siguen Antioquia y Chocó (11 cada uno); luego Sucre y Magdalena (9 cada uno) y Caldas, Meta y Córdoba (7 cada uno).
“De acuerdo con información acopiada por nuestro Observatorio de Conflictividad Social, identificamos que podrían suceder actos de perturbación al certamen democrático y alteraciones del orden público por una posible inconformidad de ciudadanos con los resultados electorales de este 29 de octubre. Esto, de ser así, derivaría en manifestaciones, protestas, disturbios y asonadas”, indicó Camargo.
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Para establecer los departamentos con municipios en riesgo la Defensoría tuvo en cuenta la irregularidades territoriales, como el incremento atípico de inscripción de cédulas y la trashumancia electoral; los antecedentes de protestas, disturbios y asonadas en las elecciones del 2011, 2015 y 2019; las movilizaciones, manifestaciones o plantones que se realizaron durante los primeros nueve meses del 2023; las solicitudes de revocatoria en la inscripción de candidatos; y la polarización política y pugnacidad entre campañas.
De hecho, en el informe se menciona que en ciudades como Cartagena, Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá se han presentado continuos ataques entre y hacia los candidatos, lo que eleva el riesgo de que ocurran estos eventos en los comicios electorales.
Recomendaciones
La Defensoría hizo un llamado a las autoridades electorales, administrativas y a la fuerza pública a que adopten medidas de prevención ante este panorama.
“El fin primordial es evitar hechos que afecten la vida, integridad y libertad de los ciudadanos, como también es esencial evitar situaciones que vulneren los derechos a elegir y ser elegido”, afirmó Camargo.
Entre las recomendaciones que entregó la institución están poner en marcha canales de comunicación para abordar eficazmente cualquier eventualidad, especialmente durante el preconteo de votos y los escrutinios; y también trabajar en el refuerzo de los dispositivos de seguridad en los puestos de votación, sedes de la Registraduría, alcaldías y otras edificaciones que puedan estar en riesgo en caso de disturbios.
A los candidatos, partidos y movimientos políticos se les hizo un llamado a utilizar los mecanismos legales para interponer denuncias o presuntas irregularidades electorales, y no incentivar o promover el uso de la violencia frente a los resultados.
“Con el fin de garantizar le derecho a la participación democrática, ponemos al servicio de las autoridades, de los partidos y movimientos políticos y de la ciudadanía en general, nuestra facultad mediadora. De lo que se trata es de facilitar los canales de diálogo cuyo fin sea la resolución pacífica de los conflictos a través de nuestra Delegada para la Prevención y Transformación de la Conflictividad Social y nuestras 42 Defensorías Regionales en todo el país”, concluyó Camargo.