Bolívar


Gobernación de Bolívar hace aclaraciones por investigación de contrato

El Contrato 664 de 2020, causa de la investigación, fue finalizado por parte de la Gobernación de Bolívar luego de que en una mesa de revisión se descubrieran las irregularidades.

EL UNIVERSAL Y COLPRENSA

09 de mayo de 2020 04:30 PM

Una presunta irregularidad en Bolívar, en el marco de la contratación extraordinaria que adelantan las autoridades regionales del país ante la emergencia por el coronavirus, fue denunciada ante la Procuraduría General y la Contraloría General. En ella se hace referencia a un contrato, actualmente liquidado, que suscribió la gobernación de Bolívar con la empresa Salud Segura R y L S.A.S., representada por Carlos Andrés Rodríguez Arana, por valor de $435.301.024, con el objeto de suministrar elementos de bioseguridad.

La inviabilidad del acuerdo hecho entre las partes (Gobernación de Bolívar y Salud Segura R y L S.A.S.), se presentó porque Rodríguez Arana, representante de la empresa, es sobrino del presidente de la Asamblea Departamental, Jorge Rodríguez Sosa, lo que inmediatamente lo inhabilitaría para acceder a cualquier tipo de contratación con el Departamento.

El Contrato 664 de 2020, causa de la investigación, fue finalizado por parte de la gobernación de Bolívar luego de que en una mesa de revisión se descubrieran las irregularidades. “De acuerdo con los artículos 44 y 45 de la Ley 80 de 1993, el proponente (en este caso Salud Segura R y L S.A.S.) es quien debía informar a los contratantes sobre posibles inhabilidades. Ellos no lo hicieron y fue la Gobernación, a través de sus tareas de seguimiento, quienes, al percatarse de los vínculos familiares del representante de la empresa con el presidente de la Asamblea, decidieron dar por terminado el contrato y ordenas la respectiva liquidación como lo dicta la ley”, afirma Juan Mauricio González, secretario jurídico de la institución.

La misma gobernación ha convocado para el próximo viernes 15 de mayo a lo que ellos llaman una “Mesa de Moralidad”, en la que citan a representantes de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía para que hagan revisión de los contratos suscritos por la entidad para constatar la transparencia y legalidad de los mismos.

“El estado actual del contrato es que se encuentra liquidado. En el mismo instante que se tuvo conocimiento de la inhabilidad se procedió a cancelarlo de acuerdo con el marco legal vigente, el cual también indica que la Gobernación no tenía como saber sobre la condición del contratista si éste no lo informó en su momento. Esto no debería traerle al Gobernador ningún tipo de sanción, ni penal ni disciplinaria”, recalca el secretario jurídico mientras asegura que se obró impartiendo el mandato imperativo para la liquidación del contrato.

Las denuncias sobre las presuntas irregularidades en este contrato, el cual se suscribió el 27 de marzo y se liquidó el 30 de abril de 2020, fueron formuladas ante los organismos de control por parte del abogado Johan Patiño, quien asegura que “el gobernador Blel contrató con una persona inhabilitada en razón del parentesco que tiene como sobrino del diputado y presidente de la Asamblea. Éste hecho debe ser sancionado por la Procuraduría y Contraloría, y puede originar incluso hasta la destitución de Vicente Blel”.

Para el abogado, el hecho de que se haya liquidado el contrato un mes después de firmado y haberse encontrado la inhabilidad, “no es suficiente para ocultar que la Gobernación está haciendo contratos por fuera de las autorizaciones de la ley 80”.

“En la ley 734 se considera esta como una falta gravísima, la celebración indebida de contratos, pudiendo ser causa, incluso, de destitución, tal como está dispuesto en la última reforma del Código”, manifiesta el abogado Patiño, para quien la investigación de los entes de control se puede abrir incluso de oficio.

A mediados de abril, la Contraloría informó que en Bolívar se estaba haciendo la revisión de contratos por más de 17 mil millones de pesos, los cuales han suscrito tanto la Gobernación como las alcaldías, entre ellas la de Cartagena, en donde se suscribieron unos por más de 7 mil millones de pesos.