Las heridas que dejó el conflicto armado en Bolívar

“En el año 2000 se dio el desplazamiento de Mampuján. Había unos palenqueros trabajando. Ellos vieron cuando les cortaron la cabeza a unos señores de Las Brisas con un cavador. Se vinieron corriendo y avisaron en La Bonga que por ahí venían cortando cuellos. En esa oportunidad, más de la mitad de la población se desplazó. A los diez, quince días, la gente comenzó a retornar y volvió a sus labores, pero la gente quedó con la idea de que en La Bonga también los iban a desplazar”.

Así comienza el relato de un líder del Consejo Comunitario Macancamaná de San Basilio de Palenque a la Comisión de la Verdad, la cual recogió múltiples voces de víctimas del conflicto armado en Bolívar y en todo el país.

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Cuenta el líder comunitario, desplazado de la vereda La Bonga en el año 2001, que en ese entonces, más exactamente el 5 de abril, se presentaron unos paramilitares con unos panfletos donde le daban 48 horas a la comunidad para que desocupara, de lo contrario, los sacaban ellos mismos.

“Les decían sapos, guerrilleros y colaboradores de la guerrilla. La comunidad se desplazó en su totalidad, una parte se vino para San Basilio de Palenque y la otra se fue para San Pablo y se reubicó en el sector denominado La Pista, que era una pista de aterrizaje donde ya vivían unos bongueros del desplazamiento del 2000. Los que cogimos para acá nos metimos en el colegio de bachillerato de San Basilio de Palenque, al llegar al colegio, la comunidad se rebotó porque los estudiantes no podían recibir clases porque lo habíamos ocupado en su totalidad”.

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De acuerdo con el informe final de la Comisión de la Verdad, Bolívar fue el segundo departamento del país más afectado por el desplazamiento forzado. Unas 631.276 personas tuvieron que abandonar sus territorios entre 1985 y 2016 por las amenazas de los grupos armados en la zona.

“El desplazamiento forzado provoca el rompimiento del modo de vida de las víctimas, quienes deben volver a empezar y reconstruir su vida muchas veces en barrios marginales de ciudades o en zonas de conflicto armado, en condiciones de desprotección. La pérdida de modos de vida, identidades fundamentalmente campesinas, posibilidades productivas y dinámicas culturales, ha sido una catástrofe que si bien ha sido conocida en el país, es silente especialmente en cuanto a sus efectos sociales”, dice el informe.

Y es que el líder palenquero de La Bonga relata que no es lo mismo sembrar en tierra prestada que en su propio terreno. “De Palenque a La Bonga hay aproximadamente 10 kilómetros, y el recorrido es muy largo para ir a trabajar, cultivar y venir a dormir. Hoy el que produce en tierra arrendada hace muy poco, hace cualquier cosa para sobrevivir. Los territorios de La Bonga quedaron abandonados hasta ahorita que estamos volviendo nuevamente, solo un 10% o 15% está yendo a cultivar”, cuenta.

El líder asegura que antes del desplazamiento el bonguero vivía como rico y no necesariamente por andar con plata. “Vivía como rico porque en cualquier patio de La Bonga tú encontrabas 50 o 60 gallinas, pavos, patos, cerdos. Hacían cultivos grandes y los niños eran felices, la gente no pasaba hambre, aún cuando no usara plata en el bolsillo. Después del desplazamiento fue desapareciendo la presencia de los actores armados en el territorio, algunas personas decían que los habían visto, pero uno ya no se encontraba con ellos ni con el Ejército, pero la gente seguía con temor”.

Pero el desplazamiento no fue la única violación que se presentó en el departamento. Las masacres, las detenciones arbitrarias y el secuestro también hicieron parte de los horrores de la violencia.

En este último punto, la Comisión de la Verdad detalla que al menos 2.611 personas fueron víctimas de secuestro en Bolívar entre 1990 y 2018, lo que posiciona al departamento como el cuarto más afectado por esta violación a nivel nacional.

“El secuestro afectó primero a los empresarios y miembros de las élites económicas y políticas del país, y posteriormente, su extensión e indiscriminación afectó a amplios sectores de la población. Esta es una práctica intencional y extendida en la que el desprecio por la vida y el sufrimiento de las víctimas y sus familias revelan el grado de deshumanización del conflicto armado”, relata la Comisión de la Verdad.

En cuanto a las detenciones arbitrarias, la Comisión indicó que se dieron masivamente entre los años 2002 y 2008. “Las detenciones masivas no se respaldaron en evidencia, sino que fueron formas de criminalizar a sectores de la sociedad civil bajo el estigma de enemigo interno (...) El Estado capturó a cientos de personas sin pruebas y las sometió a procesos para buscar información u obtener autoinculpaciones”, dice la Comisión.

En estos casos, la mayoría de las personas detenidas quedaban en libertad por la debilidad de las pruebas, sin embargo, la estigmatización las seguía afectando aún cuando se demostrara su inocencia.

El racismo en el conflicto
El enfoque diferencial que tuvo el informe final de la Comisión de la Verdad también permitió identificar conductas racistas de los actores armados en contra de la sociedad civil, incluyendo al departamento de Bolívar.

Allí, aparece el relato de una mujer negra de los Montes de María que fue marcada con un hierro incandescente por un comandante de las AUC. “Creo que él me marcó porque era negra y me marcó como si fuera una esclava. En la época de la esclavitud marcaban a las mujeres negras, así fue como me marcaron a mí”, manifestó.

Amilcar Rocha, representante del Consejo Comunitario de Santo Madero en el corregimiento de El Paraíso (San Jacinto), relató a la Comisión de la Verdad que en ese entonces se tenía el estigma de que todos los negros eran guerrilleros. “No solamente éramos negros sino negros guerrilleros y eso trajo el desplazamiento del 99”, afirmó.

Igualmente, Melbis Ariza, líder del Consejo Comunitario Eladio Ariza del corregimiento de San Cristóbal (San Jacinto), relató cómo los mandaban a hacer trabajos forzosos.

“Se da el caso de un compañero que ya no está acá que supuestamente por ser negro o por no acogerse a algo que decían lo pusieron a cargar a un grupo de más de 100 personas por 20 o 30 metros para que no se mojaran los pies, y como los dejara caer o hiciera que se mojaran, ahí mismo lo fusilaban”, manifestó.

Esto lo valida un excomandante del Bloque Montes de María de las AUC, que en su relato parece referirse a otro combatiente de la época. “Todos los negros para él eran flojos, ese era el decir de él, él menospreciaba la raza negra, a todo el que podía maltratar que fuera negro lo maltrataba nada más por ser negro, porque él decía que todos los negros eran iguales y eran flojos y él odiaba a la gente floja. A más de uno le pegaba planazos, golpes, patadas. La sacaba barata a quien le pegara y no lo matara”.

La realidad en los colegios
La Comisión de la Verdad señala que durante los años más álgidos del conflicto algunas escuelas rurales de los Montes de María se convirtieron en centros de reclutamiento de estudiantes, escenarios para masacres y espacios que quedaban en medio del fuego cruzado.

Imer, un exestudiante de la Institución Técnica de Promoción Social de El Carmen de Bolívar lo contó así: “Fueron momentos muy fuertes, estratégicamente la institución está ubicada a la salida de El Carmen de Bolívar, cuando se presentaban los enfrentamientos en el peaje veíamos pasar las ambulancias, los carros, los heridos, desde la loma veíamos cuando se enfrentaban en la vía a El Salado, no sabíamos si era la guerrilla, los paramilitares o el Ejército. Salíamos del colegio y muchos de los compañeros que vivían hacia el lado de Ovejas tenían que irse para casas de amigos porque para allá estaban los enfrentamientos”, relató.

Fue así que de 41 estudiantes que había en grado noveno en ese entonces, solo un poco más de 30 llegaron a 11°. “Comenzaron a salirse los alumnos, mataban a los papás de los compañeros, a los hermanos, mataban profesores, esto era el caos total”, recuerda Imer.

La docente Cecilia Cárdenas, también rememora que al entrar al aula de clases podía ver las afectaciones que el conflicto ya estaba produciendo en los estudiantes. “Niños que no habían dormido la noche anterior, que tenían conocimiento de las situaciones de secuestro, de boleteo, las vacunas que se daban aquí en El Carmen de Bolívar a los comerciantes, a las tiendas, a las ferreterías, niños que tenían conocimiento de las bombas que estallaban”.

Así mismo, varias sedes fueron afectadas por la presencia de grupos al margen de la ley provocando el desplazamiento de profesores y estudiantes.

La necesidad de garantías
Amilcar Rocha, representante del Consejo Comunitario de Santo Madero, asegura que son necesarias las garantías por parte del Estado para poder sentir que la violencia terminó.

“Si el Estado recupera un territorio pero no permanece en él, vuelve y lo pierde, porque las causas que originaron la pérdida de ese territorio siguen vigentes, como el abandono. No hay vías, no hay educación, no hay proceso para la adquisición de ingresos, no hay salud, justicia, solo se está haciendo la justicia ancestral porque la justicia ordinaria no acompaña. Si el Acuerdo se cumple tal como está escrito, le aseguro que aquí la violencia desaparece en los Montes de María, pero si no se cumple, la violencia va a permanecer hagan lo que hagan”, manifestó.

Melbis Ariza, desde el corregimiento de San Cristóbal también afirmó que una vez se tengan las garantías de la implementación de los planes de reparación, restitución y restablecimiento de derechos, podrán sentir satisfacción y así proyectarse y permanecer seguros en sus territorios.

Este es el clamor de muchas víctimas del departamento a las que el conflicto armado les cambió la vida y que aún esperan por el reconocimiento y la reparación para ser dignificadas.