La situación de orden público en el sur de Bolívar es cada vez más preocupante. Según la Defensoría del Pueblo durante el 2023 se presentaron nueve casos de desplazamiento forzado que dejaron como víctimas a 7.579 personas. Esto representa un significativo incremento en comparación al 2022, cuando la misma entidad reportó cinco casos, que afectaron a 3.551 personas.
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Las cifras del 2023 ubican a Bolívar como el sexto departamento del país con más desplazamientos. El primero fue Nariño (58), seguido de Chocó (19), Valle del Cauca (16), Antioquia (15) y Cauca (13).
Los desplazamientos registrados en Bolívar se dieron específicamente en cuatro municipios: Morales, Montecristo, Santa Rosa del Sur y Arenal del Sur. El mes más crítico fue octubre, cuando se registraron cuatro desplazamientos simultáneos en estos territorios.
El municipio con más víctimas fue Arenal del Sur, con 3.510; le sigue Morales con 3.000, Santa Rosa del Sur con 1.005 y Montecristo con 64. Hay que anotar que en Montecristo aunque se tiene registro de dos desplazamientos, solo uno de ellos cuenta con información certera sobre el número de víctimas.
A nivel nacional
En todo el país, la Defensoría del Pueblo registró 154 eventos de desplazamiento forzado durante el 2023, lo cual representa un incremento del 7% en comparación al año anterior. Estos hechos dejaron como víctimas a 54.665 personas en el territorio nacional.
“Muy lejos de disminuir, el desplazamiento forzado masivo es una realidad que en Colombia sigue aumentando y no tiene impacto mediático como en otros países. En nuestros territorios se repite, dejando un dolor familiar y un daño social difíciles de solucionar”, expresó del defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Los eventos de desplazamiento tuvieron lugar en 17 departamentos del país, principalmente por enfrentamientos entre grupos armados ilegales por el control territorial.
Petición a las autoridades
Desde la Defensoría del Pueblo pidieron a las entidades gubernamentales no solo reaccionar para atender a las víctimas sino trabajar en acciones de prevención para que no haya más desplazados.
“Esto se hace frenando las acciones violentas de los grupos armados ilegales en los territorios que afectan a las comunidades, como la expansión de los cultivos de uso ilícito, la disputa territorial, los asesinatos, secuestros, extorsiones, trata de personas, reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, amenazas a líderes sociales y defensores de derechos humanos, y homicidios de firmantes de paz”, destacó el defensor Camargo.
Alerta temprana en Bolívar
En la Alerta Temprana 034 de 2023, la Defensoría del Pueblo advierte sobre el alto riesgo en el que se encuentran los municipios del sur de Bolívar por el incremento del accionar del ELN, las disidencias de las FARC y las AGC.
El documento alerta que existe una disputa entre estos tres grupos por el control del territorio, el manejo de las economías ilícitas y las rentas criminales derivadas de la extorsión.
“El escenario de riesgo se incrementó luego de la decisión de los frentes 4, 24 y 33 de las disidencias de las FARC de retomar el control territorial, lo cual coincidió con la expansión territorial de las AGC y su ingreso a la zona con dominio histórico del ELN”, dijo la Defensoría.
Aún así, se resalta que en algunas zonas se han dado acuerdos entre el ELN y las disidencias de las FARC que permiten que en un mismo corregimiento o vereda coexistan los dos actores armados.
Por otro lado se alerta que las AGC han tercerizado sus acciones y apoyan tácticamente a grupos criminales como Los España, Los Carburadores, Los Gomelos, entre otros. “Estas estructuras manejan la distribución y comercialización de estupefacientes y hacen labores de vigilancia y cobro de extorsiones”, expresó la institución.
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo entregó 38 recomendaciones a las autoridades nacionales y locales para que implementen acciones bajo la perspectiva de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.