Pese a que en el departamento de Córdoba hay 3.032 desmovilizados que están en proceso de reintegración, uno de los graves problemas que ellos enfrentan es la estigmatización de la que aún son víctimas.
De la cifra antes mencionada, 512 ya han finalizado el proceso, tras recibir atención psicosocial, educación y formación para el trabajo que contribuya a su sostenibilidad en la legalidad. Sin embargo, las autoridades coinciden en que hace falta mayor compromiso por parte de la sociedad y autoridades, y por ello se planteó la necesidad de fortalecer los esfuerzos de corresponsabilidad en el departamento de Córdoba.
Dentro de este marco se llevó a cabo un encuentro en el cual participaron los alcaldes de Valencia, Eder de Hoyos, y Tierralta, Carmelo Cogollo, dos municipios de Córdoba donde se registra el mayor número de desmovilizados.
El objetivo del evento fue trazar estrategias que permitieran mostrar la realidad de lo que ocurre en el departamento y dentro de las mismas se planteó la necesidad de abrir espacios en los debates de la Asamblea de Córdoba y en el Concejo de Montería para mostrar lo que se está haciendo en esta materia.
La Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR, Córdoba y Alto Sinú citó a 45 representantes de la institucionalidad departamental y de su capital, para conocer los avances del proceso de reintegración de las personas desmovilizadas en Córdoba, así como los mecanismos de participación de los entes territoriales para apalancar la política de reintegración.
Lucas Uribe, asesor programático de reintegración de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), manifestó que dicho proceso se ha constituido en el camino por el cual, paso a paso, cientos que entregaron sus armas le apuestan a la paz del país.
