A la cárcel fueron enviados por un juez de control de garantías las 11 personas capturadas en el departamento de Córdoba, sindicadas de formar parte de un desfalco al sector educativo en el municipio de Lorica.
El juez pidió mantenerlos en prisión aduciendo irregularidades en el cobro de pensiones del sector de la educación a la Fiduprevisora, por un monto cercano a los 80 mil millones de pesos.
La medida de aseguramiento cobijó a Alberto Aparicio Ávila, secretario de Educación de Lorica; Edwin de Jesús Salgado Guerrero y Mauricio Nicolás Espinosa Espinosa, secretarios del Juzgado Civil del circuito de Lorica y el vicepresidente de la Fiduprevisora, Jorge Eliécer Peralta Nieves.
De igual manera le dictaron medida a los abogados Álvaro Enrique Burgos del Toro, Zamir Antonio Chagüis Flórez, Albeiro Ramón Mangones Figueroa, Jesús Eduardo Mangones Renal, Álvaro Antonio Narváez Llorente, Guillermo Raúl Renal Nova y Ramón Enrique Puentes Álvarez.
Los anteriores deberán responder como presuntos determinadores de los delitos de prevaricato por acción, peculado por apropiación en favor de terceros, falsedad en documento privado y falsedad en documento público.
La Fiscalía señaló que los investigados falsificaban documentos, poderes y resoluciones y así emprendían acciones para el reconocimiento de pensiones ilegales, proceso en el que participaron jueces, abogados y funcionarios de la Secretaría de Educación de Lorica.
Como se recordará el pasado cuatro de octubre en un operativo conjunto que se realizó en Montería, Sahagún, Cereté y Lorica fueron capturadas 14 personas, de las cuales tres recupereaon su libertad toda vez que hubo errores en el procedimiento.
Finalmente, el director de Fiscalías Especializadas, Orlando Espitia, dijo que seguirán las investigaciones con el fin de esclarecer el tema del carrusel de la educación en Córdoba, caso que ha generado la expedición de 22 órdenes de capturas, muchas de ellas que aún no se han hecho efectivas porque los implicados se fugaron.
