El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, hizo una nueva apuesta para evitar que se caiga la ley de reestructuración de pasivos, que ha permitido pagar el 80 % de las deudas que tenía la administración departamental.
El mandatario pidió a las entidades del Estado que le permitan esperar los resultados de la auditoría contratad con la Universidad de Cartagena, con el fin de no cometer errores, tal y como ha ocurrido en el pasado, y pagar solo lo que esté debidamente soportado.
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Dijo que están acudiendo a las vías legales de defensa y pidió que tengan en cuenta todas las implicaciones que generaría la caída del proceso de intervención económica.
"El no pago de las acreencias no es caprichosa, obedece a una salvaguarda de la moralidad administrativa y protección del patrimonio público, toda vez que en el pasado reciente del departamento se originaron actuaciones fiscales, disciplinarias y penales contra los funcionarios que pagaron otras facturas de servicios de salud con el mismo objeto y proveedor, y que además son hechos públicos y notorios", indicó Benítez Mora.
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Como se recordará, la Superintedencia de Sociedades emitió un fallo en el cual se establece que se dará por terminada la ley 550 en Córdoba, aduciendo que han incumplido el pago de las deudas.
La investigación se inició luego que la IPS Funtierra instaurara la queja, aduciendo que no les han cancelado una suma cercana a los 7.000 millones de pesos por concepto de terapias de neurodesarrollo. Sin embargo, el mandatario advierte que estas se hicieron sin que mediara un contrato entre el Departamento y la señalada entidad y que además las cuentas no tienen los soportes correspondientes.
Hay que indicar que Córdoba se encuentra en ley 550 desde el 22 de mayo de 2008, cuando registraba deudas por valor de 634 mil millones de pesos.