La Fuerza Pública, Alcaldía de Montería, Registraduría, Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo están trabajando de manera articulada en los dispositivos de seguridad y la logística necesaria para que las elecciones de segunda vuelta presidencial transcurran con total normalidad.
De acuerdo con lo señalado por el alcalde de la ciudad, Carlos Ordosgoitia, se acatará lo establecido en el Decreto Presidencial 979 de 2022 que establece la Ley Seca desde el sábado 18 de junio a las 6:00 de la tarde hasta el lunes 20 de junio a las 12:00 del mediodía, así como la prohibición del porte de armas desde el viernes 17 de junio hasta el miércoles 22 de junio.
Con relación a la posibilidad de decretar toque de queda, el mandatario fue enfático al afirmar que el artículo 20 del Decreto Presidencial contempla esta medida como excepcional y se adoptaría en el Puesto de Mando Unificado, dependiendo cómo se desarrolle la jornada electoral.
"En Montería no tenemos sitios vedados en los que se impida que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto. Por esta razón, en el Puesto de Mando Unificado, monitoreamos el comportamiento ciudadano y se tomarán las medidas del caso según las circunstancias”, puntualizó el mandatario.
Justamente, para analizar la situación se realizó un consejo extraordinario de seguridad en el que se ultimaron detalles logísticos y de seguridad y se confirmó el despliegue operacional en los puestos de control que tiene a cargo la XI Primera Brigada del Ejército y de la Policía Metropolitana.
Para este miércoles se llevará a cabo un nuevo consejo de seguridad, con la presencia de los ministros del Interior y Defensa, Daniel Palacios y Diego Molano, para ultimar detalles de los esquemas de seguridad para las elecciones en los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar.
En el municipio se contará con 1.385 uniformados de la Policía para garantizar la seguridad en los puestos de votación y el PMU estará activado horas previas al inicio de la jornada electoral en el Comando de la Policía Metropolitana de Montería.
Así mismo, se dispondrá por parte de la Fiscalía de más de 100 servidores asignados a los puestos de votación, para garantizar el acceso a la justicia, atender y recibir denuncias de eventuales delitos electorales.