La que viene será una semana movida para el Gobierno Petro que, como lo ha hecho con La Guajira y el Pacífico, despachará desde el Caribe. La convocatoria surge del clamor del mismo pueblo, que alzó su voz ante el freno de la concesión de la Autopista Caribe, que padece el desamparo en La Mojana y está cansado de pagar tarifas de energía tan altas.
Desde el lunes 18 de marzo hasta el viernes 22 el Presidente y sus Ministros escucharán las inconformidades de diferentes sectores sociales y se espera que anuncien medidas urgentes para solucionar, sobre todo, el problema energético. Lea aquí: Petro invitó a alcaldes de Bolívar a reunión para revisar tarifas de energía
Y es que el tema es tan preocupante que obligó a que se realizara una cumbre de gobernadores, cuya conclusión se podría resumir en que al Ministerio de Minas y Energía le preocupa más la transición hacia energías limpias, de ahí el anuncio de la destinación de un billón de pesos para comunidades energéticas y hogares sostenibles, que darle fin a este flagelo.
En el evento Andrés Camacho insistió en que se radicará una ley de servicios públicos que transforme al sector y, además, habló de conformar una mesa técnica con los dirigentes de la región para evaluar la creación de una empresa generadora de energía renovable público-privada que garantice las tarifas justas.
“Hacia allá es que tenemos que ir, eso es lo que nos va a dar la autonomía energética a largo plazo, pero necesitamos una solución inmediata”, comentó Lucy García, gobernadora de Sucre en entrevista para Blu Radio.
EL MARTIRIO VIENE DESDE TIEMPOS DE PANDEMIA
Para entender mejor lo que sucede en el norte del país, Colprensa habló con Norman Alarcón Rodas, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios para la Región Caribe, quien resumió así el problema: “en estos momentos lo que se está viviendo es que tenemos las tarifas eléctricas más caras del país”.
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En su caso, siendo estrato 4 y viviendo en Barranquilla, paga a 1.064 pesos el kilovatio/hora, cuando en el resto del país el promedio es de 870; es decir, un 33% menos.
Las razones detrás de esto, según la Liga, son varias. En primer lugar, el régimen especial que se aplicó desde el gobierno de Iván Duque y que continúa en el de Gustavo Petro que, en palabras Alarcón, es “contra los costeños”.
Tal régimen se traduce en que a los usuarios se les está cobrando un rubro de pérdidas técnicas –inherentes a la operación– y hurtos, punto en el que el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, ha sido enfático.
“No es justo que los usuarios sean responsables de las pérdidas técnicas ocasionadas por robos o deterioros en la infraestructura de las empresas Air-e y Afinia. ¡Es responsabilidad de estas compañías detener el problema!”, aseguró hace unos días en su cuenta de X.
Adicionalmente, apuntó Alarcón, se están cobrando las inversiones que se van a hacer en el futuro de forma anticipada, afectando aún más las tarifas. Lea también: ¡Exclusiva! El sur del Caribe será el próximo despacho del Gobierno
Y tal vez el punto más polémico es el relacionado a la CREG, comisión creada con el fin de regular las actividades de los servicios públicos domiciliarios de energía y gas que, a día de hoy, no tiene a sus miembros nombrados en propiedad.
El responsable de esa tarea es, precisamente, el Presidente de la República.
La valoración que emitió Norman Alarcón al preguntarle por el tema es que, “no la ha querido nombrar, le ha faltado voluntad política” y, en consecuencia, “la CREG de Petro está desintegrada” tras casi dos años de su mandato.
De acuerdo con la ley 2099 de 2021, esta comisión debe estar integrada por el ministro de Minas y Energía, quien la preside, el ministro de Hacienda y Crédito Público, el director del Departamento Nacional de Planeación y por seis expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva.
Hoy solo hay un experto posesionado y el segundo está esperando que se termine de cargar su hoja de vida en el portal de aspirantes de Presidencia.
Lo que sucede, entonces, es que desde noviembre de 2023 hay otro recargo denominado costo de opción tarifaria, que bajo la explicación del coordinador de la Liga es “la opción que se le da a las empresas de no hacer el cobro total de un aumento, cuando este es muy grande, porque podría sobrevenir una explosión social. Entonces lo difiere en varios años y lo cobra gota a gota mensual, con interés y con todo”, justo lo que ocurrió en pandemia.
Claro está, como no hay una Comisión en propiedad tampoco hay quien le ponga la lupa a estos temas. Y, mientras tanto, el Presidente no acata el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le dio un periodo de un mes para conformar el equipo. Tal plazo ya se cumplió.
LAS POSIBLES SOLUCIONES
Con todo esto en mente, la Liga Nacional de Usuarios presentó una ponencia con las propuestas que conllevarían a la rebaja tarifaria, entre las que destacan:
- Revisar el régimen especial tarifario utilizando el artículo 126 de la Ley 142 de 1994, que permite modificar las tarifas cuando estas lesionan injustamente los intereses de los usuarios, “como es el caso”.
- Derogar la resolución CREG 101-028 de noviembre de 2023 que carga a los usuarios un “injusto e impagable” costo de opción tarifaria del mercado.
- Utilizar el parágrafo primero del artículo 318 del PND, “que dice que se pueden utilizar recursos del fondo nacional de regalías mineras para modernizar la infraestructura eléctrica de la Costa sin subir las tarifas, norma actualmente vigente”.
- Rebajar las altas rentabilidades de las empresas eléctricas a través de la CREG, para lo cual el presidente de la República debe designar a sus expertos.
Y aunque fueron transmitidas en la Cumbre no llegarán a los oídos del Presidente la semana que viene porque la realidad es que sienten que este encuentro no será el espacio propicio para ser escuchados, sino más bien recriminados.