Los activistas del grupo “No más peajes a Turbaco” dicen estar a la expectativa de lo que pueda ocurrir después del próximo 22 de noviembre, cuando se cumpla la finalización del contrato que ampara su funcionamiento.
Carlos Vargas Mestra, uno de los activistas, dijo que el grupo está exhortando a los habitantes de Turbaco, Turbana y Arjona, lo mismo que a las alcaldías de esas localidades y a las autoridades nacionales (especialmente a la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI), para que se cumpla la cláusula de liquidación del contrato 008 de 2007.
Dicho contrato se suscribió entre la ANI y el Consorcio Ruta del Sol, el cual, en una de sus cláusulas, establece que debe liquidarse una vez se hayan cumplido diez años de operación, a partir de que se montara la caseta del peaje, lo que se inició en 2010.
La cláusula en cuestión fue confirmada mediante un derecho de petición que los activistas interpusieron ante la ANI, además de que el retorno de la inversión se cumple en julio de 2021.
Vargas Mestra anunció que el 22 de noviembre su grupo hará un acto simbólico, para celebrar la liquidación de esa contratación, al cual ya se están extendiendo invitaciones a los medios de comunicación.
Sin embargo, acotó que en su grupo circula una preocupación respecto a lo que suceda con el futuro mantenimiento de la carretera Troncal de Occidente, específicamente con los 24,5 kilómetros que cubre el peaje.
“Es importante anotar --advirtió-- que el tramo que le corresponde al peaje de Turbaco nace en Cartagena, específicamente en el centro comercial La Plazuela; y es parte de vías nacionales, atravesando hasta el barrio Ternera y Turbaco. Vuelve a nacer en el canal de Calicanto hasta el barrio El Pozón, por la vía de La Cordialidad; luego se une por la variante en el puente de Turbaco. Desde ahí, pasando por Turbaco y Arjona, hay 24,5 kilómetros, que son los que el peaje de Turbaco debe mantener”.
Al respecto, los activistas dijeron proponer que, para el mantenimiento de la Troncal, se establezcan las tarifas de los peajes de los sectores Gambote o El Viso, que hacen parte de la misma concesión.
De acuerdo con Carlos Vargas, “la empresa ya recuperó la inversión del estudio y diseño de las obras, la doble calzada, la adecuación de la calzada vieja, los puentes, los andenes, los carros-taller, las ambulancias y todo lo que significó esa operación”.
El grupo considera que las referidas obras ya deben ser parte de lo público, “porque nosotros, como usuarios del peaje, estamos pagando la concesión. Otra de las cláusulas del contrato reza que no es obligación de la ANI esperar que se recupere la inversión. Bastaría con que se cumplan los diez años de operación. Esperamos, entonces, que la ciudadana presione fuertemente”.
Para los activistas, el peaje divide el municipio en dos: la zona de conurbación, que está pegada a Cartagena; y el casco urbano, que viene después del peaje. “Además, detiene el desarrollo empresarial del municipio, porque muchos empresarios de Cartagena, quienes podrían tener sus empresas en Turbaco, no las tienen porque el peaje se les convierte en un asunto oneroso; y las consecuencias son los impuestos de industria y comercio que deja de percibir el municipio, el empleo que deja de crearse y la expansión urbana que no se da, porque muchos compradores no llegan al pueblo para evitarse el pago del peaje”.
No obstante, Vargas dejó en claro que su grupo “no está en contra del peaje per se, sino que existen unos elementos jurídicos, sociales y políticos que nos indican que el peaje no debe ir más”.
El Universal buscó las declaraciones de la empresa Ruta del Sol, pero un vocero dijo que responderá en los próximos días.
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