En su lucha por proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, durante el 2019 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) abrió 123 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD) en favor de menores y 88 por trabajo infantil en el departamento de Bolívar.
De acuerdo con la entidad, si bien la mendicidad en si misma no significa una vulneración, expone a los menores y adolescentes a situaciones de vulneración o amenaza a sus derechos como trabajo infantil, situación de vida en calle, violencia sexual, consumo de sustancias psicoactivas o problemas de salud, entre otras.
Es por esto que al conocer los casos es necesario la intervención. El proceso se hace a través de diferentes canales de atención, luego la Defensoría o Comisaría de Familia adelanta la verificación de la garantía de derechos y, en caso de identificar que existe amenaza o vulneración, abre un PARD y dicta una medida de protección para la atención que puede ser: una modalidad de apoyo y fortalecimiento en medio familiar o en medio diferente a la familia.
De otra parte, la Policía de Infancia y Adolescencia, explica que si se descubre que el niño está siendo inducido a la mendicidad, los padres podrían ser sancionados con tres años de prisión, aunque se trata de un delito excarcelable.
Pero la atención no se trata simplemente de sacar al niño del lugar donde se encuentra, conlleva un trabajo más profundo y que requiere involucrar a los miembros de la familia con el fin de que se superen las causas del trabajo infantil y se fortalezcan sus vínculos.
Este proceso se desarrolla a través de talleres en los que se sensibiliza acerca de los riesgos de este tipo de vulneración para el desarrollo de los menores y la importancia de la construcción de su proyecto de vida, buscando modificar los patrones culturales de las familias que han normalizado esa problemática.
Adicionalmente, a través de la estrategia Equipos Móviles de Protección Integral (EMPI) se desarrollan acciones de fortalecimiento familiar que promueven el reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la prevención de vulneraciones y el empoderamiento de las familias en la corresponsabilidad frente a la protección integral.
Ahora bien, los menores o adolescentes que están en situación de vida en calle y que no cuentan con una familia, son atendidos. Requieren otro tipo de intervención, por tanto son internados en centros de atención especializada, mientras el ICBF adelanta los procesos necesarios para la ubicación de su familia.
Lo preocupante de las cifras es que los casos siguen presentándose año tras año, por tanto la entidad está impulsando iniciativas para construir entornos protectores para las niñas, los niños y adolescentes en Colombia.
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