Regional


Predio Cachenche no era de la familia Escobar

Este mismo lote es el que viene soportando una polémica entre unas familias campesinas que lo ocupan y la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

RUBÉN DARÍO ÁLVAREZ P.

08 de marzo de 2021 04:02 PM

El predio Cachenche, en el municipio de Turbana, norte de Bolívar, no era de la familia antioqueña Escobar Gaviria, como se ha rumorado durante muchos años en esa zona.

Este mismo lote es el que viene soportando una polémica entre unas familias campesinas que lo ocupan y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que intenta desalojarlas, debido a que presuntamente pertenece al Estado, que lo obtuvo mediante extinción de dominio en contra de los Escobar Gaviria, según el mito que se maneja en la zona.

Pero el abogado Héctor Pérez Fernández, presidente de la Veeduría Popular por Cartagena, aclaró que la supuesta propiedad de los Escobar Gaviria no es más que un mito del que ni siquiera la Alcaldía de Turbana conoce su realidad.

Por consiguiente, indicó que Pablo Escobar murió el 2 de diciembre de 1993 y que, dos años después, el lote fue comprado por una persona identificada como Leonardo Córdoba, quien lo compró sin problemas, pero tiempo después se le abrió un proceso de extinción, precisamente cuando ya había vendido el lote a una empresa, que es la actual dueña desde 2011 y la cual compró de buena fe.

Añadió que el proceso está en manos de la Fiscalía y que aún no ha terminado, pero el referido lote es un bien de propiedad privada, que el Estado tiene embargado y secuestrado, mientras se termina el proceso de extinción de dominio.

“La SAE es un mero tenedor del lote –añadió--, lo que quiere decir que no puede disponer de él. Es más, lo ha administrado muy mal, porque lo ha tenido abandonado todo el tiempo, pero muchas personas lo han venido limpiando y la SAE apareció hace apenas dos meses”.

Agregó que los campesinos nunca fueron notificados sobre los conflictos jurídicos que tenía el predio, lo que indica, según el jurista, que los agricultores están siendo violentados en sus derechos, porque no se cumplió el debido proceso.

“Además –agregó--, las medidas de esa finca no son 167 hectáreas. Ya hicimos el estudio completo de títulos de tradición y encontramos que le aumentaron las dimensiones, porque en realidad tiene 60 hectáreas. Entonces, lo primero es aclarar los linderos reales del predio. Luego, hay que hacer una caracterización de los campesinos que tienen muchos años de estar ahí trabajando y a los cuales nunca se les han pagado sueldos ni prestaciones. También hay otros que tienen poco tiempo”.

Explicó que, en cuanto a aquellos que no tengan un derecho posesorio adquirido, la ley le permite a la SAE entregarles el terreno en administración para que sigan sembrando, mientras se resuelve el proceso de extinción, que podría durar tres años más.

“La SAE debe hacer una función social con los bienes que está quitando a los ilegales, la cual consiste en entregarlos a los campesinos desplazados por la violencia y demás personas vulnerables, como se está haciendo en todo el país”, aseguró Pérez Fernández.

En ese sentido el abogado dijo haber interpuesto una denuncia penal y disciplinaria contra la dirección regional de la SAE, para que el director, Juan Pablo Valbuena Anaya; y su abogada, Nataly Gaitán, sean destituidos y se revoque la orden de desalojo.

El Universal intentó comunicarse con la abogada Nataly Gaitán, pero su teléfono siempre estuvo apagado.