Regional


Procuraduría revocó suspensión de directivos de Cámara de Comercio de Montería

El ente no tenía competencia porque los disciplinados son particulares con funciones públicas.

NIDIA SERRANO M.

26 de agosto de 2020 04:54 PM

Un error de procedimiento hizo que la Procuraduría revocara la orden de suspensión provisional que había emitido en contra del presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, Féliz Manzur, y de los miembros de la junta directiva, quienes son investigados por presuntas irregularidades en la contratación con empresas de papel.

La primera en pronunciarse fue la Procuraduría Regional de Sucre, declarando la nulidad del auto que suspendió a los miembros de la junta, aduciendo una supuesta omisión frente a sus deberes de control y seguimiento a la contratación.

En la ponencia, la procuradora regional de Sucre, Lesvia María Montalvo Díaz, reconoció que se había cometido un error, dado que a los disciplinados, en este caso particulares con funciones públicas, no se les debe aplicar el régimen de los servidores públicos. Eso fue justamente lo que ocurrió el pasado 6 de junio, cuando se ordenó la suspensión de Jorge Eliecer Doria Corrales, Álvaro Segrith Sepúlveda Salgado, Gloria Inés Díaz Tapia y Mario Fidel Díaz Ibáñez, miembros de la junta directiva.

Una vez se conoció ese fallo, se pronunció la procuradora delegada para la Moralidad Pública, Olga Lucía Alfonso, quien ordenó revocar la medida contra el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Montería, Félix Manzur, quien estaba fuera del cargo desde el pasado 2 de julio, por presuntas irregularidades en la contratación de la entidad.

Hay que indicar que el proceso se inició luego que dos miembros de la junta directiva, Adriana Cotes y Jairo Díaz, elevaran una denuncia pública en el sentido que los directivos estarían haciendo jugosos contratos con empresas creadas por uno de los mismos miembros de la junta y con objetos que se repetían año, tras año.

Los nombres que salieron a la luz pública fueron los de Alliance Effort EU, Innovemp Korperschaft S.A.S, Prosjekt Og Forsk Colombia S.A.S, y Rechts & Steuern, Corp S.A.S., firmas con las cuales se contrataron cerca de nueve mil millones de pesos.

Hay que indicar que la investigación sigue ahora en la Fiscalía General de la Nación, a la cual la Procuraduría Regional de Córdoba le compulsó copias para que investigue la presunta comisión de los delitos de celebración de contratos sin lleno de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.