La Unidad de Restitución de Tierras en Sucre presentó una nueva demanda ante jueces de Restitución, en donde familias víctimas de la guerrilla de las Farc solicitan que se les restituya 80 de las 220 hectáreas del predio denominado El Copey, ubicado en el corregimiento Canutal, a unos 16 kilómetros del casco urbano de Ovejas.
La demanda fue interpuesta ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito Especializado, para buscar la protección de los derechos a la propiedad de 8 familias víctimas de las acciones de los frentes 35 y 37 de las Farc-ep en el municipio de Ovejas.
Las pretensiones de la solicitud colectiva de restitución no sólo van dirigidas a la entrega material del inmueble, sino al restablecimiento de la vida digna.
La demanda, según la Unidad de Restitución de Tierras, tiene un enfoque diferencia que busca involucrar a diferentes entidades para la atención integral de las víctimas. El mejoramiento de las condiciones laborales de los campesinos se logrará por medio del programa de proyectos productivos, el alivio de pasivos y el acceso a capacitaciones.
Los reclamantes, representados en la demanda, fueron objeto de violaciones a derechos como la libertad del uso de la propiedad. La permanente presencia de grupos armados al margen de la ley en las inmediaciones del predio no les permitió a los solicitantes ejercer su derecho a la explotación pacífica de sus parcelas.
El Copey fue adquirido por 22 campesinos de los municipios de Ovejas y San Pedro luego de un largo proceso que inició en 1995. En este año, cerca de 50 agricultores conformaron un comité al que llamaron Microempresarial El Copey. La Asociación tenía como objetivo realizar acciones conjuntas con miras a la titulación de la finca sin acudir a los métodos de las antiguas luchas por la recuperación de la tierra; que incluían invasiones y pugnas con los terratenientes.
En enero del 2003, a través de la denominada negociación voluntaria de tierras entre campesinos y propietarios dispuesta en la Ley 160 de 1994, 22 de los labriegos asociados realizaron los procedimientos de adquisición del inmueble rural. La compra de El Copey fue cofinanciada y auspiciada por el extinto Incora, con la asignación de un subsidio que cubría el 70% del pago por la propiedad. La posterior cancelación del 30% fue convenida entre los labriegos y el propietario.
Asimismo, la negociación y entrega material del predio se dio bajo condiciones que son puestas a consideración de la justicia en la demanda, dado que el propietario se reservó la entrega de 5 de las hectáreas que le correspondía a cada parcelero.
De acuerdo a los antecedentes, a escasos 9 meses de la adquisición de la finca, se presentó un combate entre el Ejército Nacional y los frentes 35 y 37 de las Farc-ep. En uno de los fundos vecinos se dio de baja a dos insurgentes. El hecho suscitó una serie de amenazas en contra de varios de los parceleros de El Copey, quienes fueron señalados por los guerrilleros como informantes.
A raíz de las circunstancias, los parceleros se vieron forzados a abandonar la finca y, paradójicamente, quien meses atrás les había vendido las tierras, los contactó para comprárselas, al parecer, con pleno conocimiento de la situación de necesidad en la que se encontraban los solicitantes.
Hoy la Unidad de Restitución de Tierras, lleva el caso hasta los estrados judiciales con el propósito de restablecer los derechos vulnerados de estas 8 familias bajo un enfoque integral y preferente.
