La Misión de Observación Electoral, ante las próximas elecciones, tiene como mayor preocupación el tema de la seguridad de candidatos a las gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos, así como de los ciudadanos que saldrán a acompañar el proceso eleccionario.
La preocupación de la MOE está fundamentada, de acuerdo a su directora, Alejandra Barrios, en la actual situación que vive el país con la finalización de la tregua del cese al fuego unilateral de las Farc, dentro del proceso de paz que lleva a cabo el Gobierno nacional con esa guerrilla en La Habana, Cuba.
Esta suspensión del cese unilateral del fuego, que se inició el 22 de mayo por parte de las Farc, ha generado temor en diversas zonas del país por posibles atentados que puedan presentarse del grupo guerrillero, según lo expresado por la representante de la MOE.
“Si esta situación se extiende hasta las elecciones del mes de octubre, obviamente estaríamos frente a un escenario para nada agradable, que serían unas votaciones bajo fuego y un proceso electoral totalmente alterado y nuestra región sucreña es frágil a los actos violentos y corruptos de estos grupos”, enfatizó Barrios.
Cabe anotar que en el pasado debate electoral para Congreso y primera vuelta presidencial, realizado dentro de un cese al fuego, se experimentó una mayor participación de votantes en departamentos como Arauca, Putumayo, Chocó y Cauca, así como las regiones del Santander y la Costa Caribe.
Por otro lado, la Directora de la Misión de Observación Electoral informó que tiene el reporte hasta la fecha de un total de 13 presuntos hechos de violencia política contra alcaldes y concejales electos, así como candidatos a alcaldías y concejos de Sucre.
Actualmente, se tienen registrados siete presuntos hechos de violencia política contra alcaldes electos en esta sección del país.
Contra exalcaldes hay un caso reportado, al igual que uno contra un secretario de concejo y tres contra aspirantes a las alcaldías de Tolú, Ovejas y San Juan de Nepomuceno (Bolívar).
“Ante esto, son las autoridades judiciales y los organismos de seguridad los que deben dejar claro a qué corresponden estos fenómenos, si a hechos entre candidatos o violencia política generada por grupos armados ilegales”, dijo Barrios.
