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Las autoridades del departamento de Sucre vienen cumpliendo con algunas de las medidas cautelares para proteger zonas de interés forense donde podrían hallarse víctimas de desaparición forzada en los cementerios de San Onofre, Rincón del Mar y la finca El Palmar en ese municipio del golfo de Morrosquillo.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) evalúa el cumplimiento de las órdenes dadas a entidades del orden nacional y local sobre las zonas de interés, según lo manifestó la magistrada Reinere Jaramillo Chaverra, quien participó del conversatorio “En la búsqueda nos encontramos”, en el marco del Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada, realizado en Sincelejo. Lea aquí:Planes de búsqueda de desaparecidos avanzan en Sucre y Bolívar
Según la magistrada, hay avances en cuanto a las órdenes sobre cerramientos a los cementerios en San Onofre, para preservar y garantizar que las posteriores búsquedas de los cuerpos de personas no identificadas puedan hacerse, con todo el trámite que adelantan las diferentes entidades.
También informó que se emitieron unas órdenes restaurativas para crear unos monumentos y en eso la Gobernación de Sucre adelanta trámites de orden jurídico.
La Alcaldía de San Onofre, y otras entidades como la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y la Sociedad de Activos Especiales, adelantan acciones conjuntas para la construcción del monumento a las víctimas en la finca El Palmar, que es el lugar identificado para tal fin.
Dijo que en esta región se han dado resultados importantes en la identificación de las víctimas desaparecidas, y se han entregado restos en Tolú y San Onofre, pero indudablemente falta mucho trabajo por hacer y esa es la tarea de coordinación que viene haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz, particularmente con la Fiscalía y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y otras entidades.
Asimismo, informó que la JEP viene investigando a los máximos responsables de los diferentes grupos armados ilegales, particularmente las Farc, y miembros de la fuerza pública, que tengan responsabilidad en la desaparición forzada en el marco del conflicto armado de Colombia.