La racha de crímenes en el sur de Córdoba, concretamente en los municipios de Montelíbano y Puerto Libertador, ha dejado como víctimas a cuatro campesinos, uno de ellos miembro del grupo de izquierda del movimiento social Marcha Patriótica.
Se trata de Hernán Agámez Flórez, miembro de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba y miembro del Comité de Cultivadores de Coca; Heberto Julio Quiñones y Fredy Cogollo Mora, acribillados en la finca Las Cumbres, del corregimiento La Rica, Puerto Libertador; y Marcelino Pastrana Fernández, también acribillado en Puerto Libertador.
La Policía indicó que está haciendo las investigaciones correspondientes, pero hasta el momento no se ha logrado establecer los móviles y autores de los crímenes. Sin embargo, los integrantes de Marcha Patriótica señalan que han sido víctimas de amenazas y de crímenes selectivos.
El crimen del activista
El crimen de Hernán Agámez Flórez, miembro activo de Marcha Patriótica y tesorero de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda El Barro, ocurrió en la vereda San Ciprián, perteneciente al corregimiento de Tierradentro, municipio de Montelíbano. Su cuerpo, que tenía varios impactos de bala, quedó tendido en un paraje solitario.
Este es el segundo caso que ocurre con militantes del grupo político. La semana anterior fue secuestrado y posteriormente asesinado el vicepresidente de la misma Asociación Campesina, José Yilmer Cartagena, quien fue bajado a la fuerza de un vehículo de servicio público por cuatro hombres que se movilizaban en una camioneta blanca, cuando este se dirigía a Carepa.
Las primeras informaciones señalan que el activista social se dirigía desde la vereda San Cirpián hasta El Barro, donde residía, cuando fue abordado por cuatro hombres que sin mediar palabra comenzaron a dispararle.
Agámez iba acompañado, pero esta persona, que hoy es testigo protegido, corrió tan rápido como pudo y se salvó de morir en medio de la lluvia de balas. Su cuerpo quedó tendido en el camino, tal y como le ha ocurrido a nueve campesinos de la zona en los últimos meses.
Miembros de su organización atribuyen el hecho a las Autodefensas Gaitanistas o Clan del Golfo, que han venido sembrando el pánico desde que empezó el reagrupamiento de los miembros de las Farc, en el marco del proceso de dejación de armas, pactado por el Gobierno nacional con la guerrilla en La Habana.
Indicaron que en corregimientos como Juan José no hay presencia de la fuerza pública y los grupos armados ilegales transitan libremente por la zona y se apoderan de los cultivos de coca para su procesamiento y comercialización.
Dos en La Rica
Habían pasado pocas horas cuando en la finca Las Cumbres, del corregimiento de La Rica, fueron encontrados los cuerpos sin vida de los campesinos Heberto Julio Quiñonez Miranda y Fredy Cogollo Mora.
Los cadáveres estaban en la carretera que conduce de La Rica al corregimiento de Tierradentro, municipio de Puerto Libertador, y según allegados a las víctimas, eran campesinos que no ejercían ningún tipo de activismo político, ni militaban en algún grupo en especial.
La Policía indicó que adelanta las investigaciones para esclarecer lo sucedido y señaló que los dos registraban antecedentes por porte ilegal de armas y extorsión. Indagan además si las muertes tienen relación con otro asesinato en la misma vereda.
Tenía antecedentes
La cuarta víctima de las últimas horas en Córdoba es el campesino Marcelino Pastrana Fernández, quien fue ultimado en la vereda La Piragua, también perteneciente a La Rica, en Puerto Libertador.
De acuerdo con lo señalado por el comandante operativo de la Policía, coronel Iván Pereira, Pastrana, el hombre tenía antecedentes por tráfico de estupefacientes en esta zona del país.
Llamado al Defensor
La Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo para que intervenga ante la delicada situación que están viviendo varios de sus miembros, diez de ellos amenazados de muerte.
Denunciaron que desde finales del año 2014, se ha incrementado la presencia paramilitar en el territorio y además se ha hecho caso omiso por parte de las autoridades correspondientes a las alertas tempranas y a los informes de riesgo emitidos por el organismo defensor de los derechos humanos.
También pidieron a la comunidad internacional preservar las libertades, la justicia y la soberanía colombiana, asegurando que la fuerza pública no ha reaccionado ante las denuncias y solicitaron el apoyo para impedir que más hechos como este se sigan presentando.
