Siguen las acciones de las autoridades ante la creciente explotación sexual de mujeres menores y mayores de edad en la Costa Caribe y sobre todo en los sectores turísticos. Y Cartagena ha sido el inicio de acciones que se extenderán en puntos estratégicos del país, como Santa Marta o el Eje Cafetero.
Luego que la operación Vesta dejara 18 presuntos proxenetas capturados y se expidieran órdenes de captura contra 43 presuntos abusadores sexuales en Cartagena y otros municipios de Bolívar; en el sector El Amparo fueron rescatadas 49 mujeres que, según las indagaciones de la Fiscalía, estaban siendo esclavizadas sexualmente.
De estas, 23 son venezolanas que habrían sido atraídas con engaños y a algunas de las cuales les habrían retenido documentos para constreñirlas y lograr que siguieran ejerciendo la comercialización sexual. Estas mujeres, todas mayores, fueron rescatadas en allanamientos realizados por funcionarios de la Fiscalía, la Armada, Migración Colombia y la Policía. Las diligencias se hicieron en tres prostíbulos: Chica Linda, Allondra y Nicolle.
El fiscal delegado Mario Gómez, quien desde Bogotá coordina las indagaciones, señaló que por estar siendo utilizados para presuntas actividades ilícitas están siendo sometidos a un proceso de extinción de dominio. Es decir, sus dueños perderán la posesión de estos bienes inmuebles, que pasarán a estar bajo el dominio de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Aunque en los operativos no se realizaron capturas, Gómez señaló que tienen importante información con la que esperan dar con los proxenetas que están tras la explotación sexual de las víctimas, que quedaron a disposición de Migración Colombia para verificar su ingreso al país y realizar los trámites administrativos de ley. “A las víctimas les fueron restablecidos sus derechos y reciben la atención psicosocial necesaria para reencontrarse con sus familiares y superar la difícil situación que enfrentaron”, explicó la Fiscalía.
Pese a que algunas de las víctimas aún están temerosas ante las indagaciones, la Fiscalía contará con los testimonios de algunas de ellas para judicializar a los proxenetas.
Vivían en sótanos y se movían por túneles
El fiscal Gómez señaló que entre las víctimas estaban mujeres del interior del país y las 23 venezolanas. Estas jóvenes, indicó la Fiscalía, eran convencidas de viajar a Cartagena para atender supuestas expectativas laborales, cuando en realidad serían obligadas a ofrecer servicios sexuales.
“Muchas venezolanas llegan atraídas por promesas engañosas, que terminan siendo pagos por servicios sexuales de explotación conocidos como trata de personas con fines de esclavitud sexual. En parte salieron huyendo de una situación humanitaria y social triste y lamentable. Pero también fueron objeto de promesas engañosas para venir a Colombia. Les ofrecieron dinero, recompensas económicas y fueron forzadas a vivir en sótanos -en los prostíbulos- donde recibían supuestas manutenciones a cambio del comercio sexual”, explicó Mario Gómez.
Las indagaciones dejan ver que como evidencia de esta presunta esclavitud sexual, fueron encontrados libros de registro con las listas de las jóvenes vinculadas. “En los documentos aparecen frente a cada nombre los valores que adeudaban, multas por el aparente incumplimiento de las restricciones impuestas y el promedio de servicios sexuales que debían cumplir en cada jornada”.
En los allanamientos en los tres sitios de comercio sexual, funcionarios del CTI y la Armada descubrieron un pasillo secreto que comunicaba a dos de los establecimientos entre sí y, al parecer, era utilizado por clientes y mujeres para encuentros sexuales o evadir la intervención de las autoridades.
“Hay que notar que estos establecimientos de comercio tenían fachadas específicas. En sus sótanos se conectaban entre sí varios de estos, para que arriba funcionaran como discotecas y abajo pudieran servir para efectos de explotación sexual de las mujeres que allí participaban, como venezolanas.
“Eran pasillos secretos mediante los cuales lograban subir y bajar a las mujeres de las actividades de fiesta y luego de orden sexual, que ejercían de manera abusiva. Muchas veces tuvieron control de sus movimientos. Les hacían entrega de pasaportes y cédulas -a los proxenetas-. Eran obligadas a prestar servicios sexuales a extranjeros. Eran obligadas a vivir en sótanos, el mismo donde laboraban entre comillas ”, explicó el fiscal Gómez.
La Fiscalía señaló que ahora las investigaciones se centran en ubicar y judicializar a los tratantes. “Es decir, los presuntos integrantes de la estructura criminal que cumplían distintos roles. Desde el reclutamiento de las mujeres, hasta su control y amedrentamiento que les impedía escapar”.
Extinción de dominio, una realidad
El fiscal General, Néstor Humberto Martínez Neira, ha dicho que las acciones penales no solo irán contra quienes ejerzan, promuevan o demanden servicios sexuales de carácter ilícito, sino contra los bienes.
“En la política criminal que estamos inspirando desde la Fiscalía tenemos claro que si atacamos todos los patrimonios ilícitos, la acción del Estado en la represión del delito va a ser mucho más eficaz. Habría que decir que en estos dos años de ejercicio en la Fiscalía hemos extinguido e incautado bienes por 10.7 billones de pesos. Cuando uno habla de esta cifra, la gente no tiene referente. Es una cifra que nadie maneja y no dice mucho a las personas. Pero para que el ciudadano pueda saber de qué dimensión es la acción de la Fiscalía contra los patrimonios ilegales, téngase en cuenta que este año los colombianos, personas naturales, vamos a pagar en impuesto de renta 2 billones de pesos, según estimación de la DIAN. Es decir, hemos incautado más de cinco veces lo que vamos a pagar los colombianos por impuesto de renta.
“Esto muestra la dimensión que ha adquirido el delito en la consolidación de fortunas ilegítimas. Aquí mismo en Mamonal incautamos un lote de la ‘Oficina de Envigado’ que está valorado en más de un billón de pesos, en una acción con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Eso significa que en la medida en que uno pueda actuar contra estos patrimonios, va a ser mucho más contundente en la acción del Estado contra estas bandas y organizaciones. Y en esta clase de delitos sexuales tiene que ver con casas, residencias, y apartamentos que se arriendan, y que los arrendatarios los utilizan para cometer sus aventuras sexuales de naturaleza delictiva a los que se les va a hacer extinción de dominio”, indicó el fiscal Néstor Humberto Martínez.
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