El subintendente de la Policía Nacional Daniel Isaías Villamil Acosta, el patrullero Jackson Zapata Sepúlveda y el particular Giovanni Atehortúa Ospina fueron judicializados por la Fiscalía General de la Nación por su presunta implicación en el delito de concusión.
Según la investigación, los procesados le habrían exigido a un comerciante el pago de 10 millones de pesos para no judicializarlo por un supuesto porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.
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“Los hechos ocurrieron la mañana del 6 de julio de 2023 en la avenida Las Palmas de Medellín (Antioquia), luego de que los ahora procesados, interceptaron a la víctima, quien se movilizaba en un vehículo de alta gama, en compañía de su pareja sentimental”, dijo el ente acusador en un comunicado oficial. Lea aquí: Piolín, investigado por vigilar a un hombre para que que lo mataran
A pesar de esto, los policiales le habrían exigido a la víctima el pago de la referida suma, so pena de ser procesado.
El informe de la Fiscalía, luego de investigar lo que sucedió, asegura que los uniformados, para presionar el pago, se habrían llevado el arma, dos celulares y varias joyas de la pareja. Horas después, y con el propósito de recuperar los bienes, la víctima habría entregado ocho millones de pesos en efectivo a Zapata Sepúlveda, quien le regresó la pistola y los demás bienes que les habían sido retenidos.
Por estos hechos en julio en Medellín y tras interponer la denuncia, los investigados fueron capturados por la Policía Nacional. Ninguno aceptó los cargos imputados por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, pero aun así los tres hombres fueron judicializados y deberán responder por el delito de concusión. Siga leyendo: Habla familiar de una de las 6 colombianas rescatadas en México