Las labores investigativas coordinadas por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales permitieron identificar a un grupo delincuencial, que sería el responsable de obtener estupefacientes para luego ingresarlos y comercializarlos en un batallón del Ejército Nacional, en Fusagasugá (Cundinamarca).
Así lo dio a conocer el ente acusador en el comunicado oficial en que detalla quiénes pertenecerían a la red delincuencial. Los afectados con la decisión son Fredy Mauricio Cabrera Cabrera, José Antonio Avendaño Trujillo y los soldados profesionales Enoasis Quinto Andrade y Luis Alfonso Vanegas.
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“Los elementos de prueba indican que diferentes cantidades de marihuana y cocaína eran adquiridas en Bogotá y enviadas entre buses intermunicipales a Fusagasugá. Al parecer, Cabrera Cabrera y Avendaño Trujillo las recibían y las almacenaban durante varios días en un local de venta de zapatos deportivos y un estudio de tatuajes”, explicaron los uniformados. Lea: Capturan a ‘Mala Leche’ por matar a 3 personas en un establecimiento
Los dos soldados profesionales que estarían involucrados serían quienes ocultaban la droga en vehículos de transporte de alimentos y víveres, que estaban autorizados para entrar a la sede militar. De esta manera, disponían de los estupefacientes dentro del batallón para la distribuirlos.
Policías capturados
A cuatro patrulleros de la Policía Nacional los judicializó la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en el delito de concusión.
Se trata de Cristhian Giovanny Urueña Barrero, Jenser Felipe Castillo Dorado, Yersson Andrés Pena Chicangana y Frank Pier Vargas Carvajal, quienes supuestamente delinquieron el 9 de noviembre de 2023 en Popayán. Le interesa: Investigan a 4 policías que exigieron $3 millones para no capturar
“Los uniformados presumiblemente le solicitaron documentos al conductor de un vehículo particular. Durante el procedimiento, se cree, aseguraron que el automotor era requerido por un juzgado penal de Popayán por lo que debían inmovilizar el carro y trasladaron a la víctima a un CAI. Para evitar el proceso judicial habrían exigido el pago de 3 millones de pesos”, explicaron los investigadores del ente acusador.