Dos años y cinco meses después del asesinato de Marcelo Pecci Albertini en una playa privada de la isla de Barú, zona insular de Cartagena, la Fiscalía General de la Nación (Colombia) y el Ministerio Público de la República del Paraguay suscribieron un acuerdo para acelerar las investigaciones y esclarecer este hecho, que ocurrió en la mañana del martes 10 de mayo de 2022.
“Se suscribió en un evento virtual el Acuerdo sobre la creación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), cuyo propósito principal es coordinar, de manera integral, las actuaciones y tareas que contribuyan al desarrollo de las investigaciones relacionadas con el homicidio del agente fiscal paraguayo, Marcelo Daniel Pecci Albertini”, señala la Fiscalía. En contexto: Caso Marcelo Pecci: disminuyen condena de coautora del asesinato
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La conformación de este ECI, dice el organismo judicial colombiano, es el resultado del trabajo coordinado entre las autoridades colombianas y paraguayas, y responde a la necesidad de robustecer los mecanismos de la cooperación jurídica entre ambas entidades.
“A partir de este mecanismo se podrá intercambiar información, evidencia física y elementos materiales probatorios necesarios para avanzar en las labores investigativas y en los procesos penales iniciados en cada Estado, y con ello, propender, entre otros, en la búsqueda de los determinadores del homicidio del fiscal Pecci, así como la identificación, ubicación o localización de activos que puedan ser incautados, como producto de actividades delictivas vinculadas a este crimen”, precisa el ente acusador.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, delegó en el Director Especializado contra la Organizaciones Criminales, Raúl Humberto González Flechas, la facultad de suscribir el Acuerdo, mientras que por la parte paraguaya, éste fue firmado por la Fiscal Adjunta de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, Matilde Elena Moreno Irigoitia, quien fue delegada por el Fiscal General del Estado de la República del Paraguay, Emiliano Rolón.
La duración de este Acuerdo será de un año, con la posibilidad de ampliarse, por mutuo acuerdo, según corresponda, agrega la Fiscalía.
Así va la investigación
Nueve capturados, siete condenados y el autor intelectual aún con signo de interrogación. Ese es el resultado que, dos años después, ha dejado la investigación por el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, que ocurrió el 10 de mayo de 2022 en una playa privada de la isla Barú, en Cartagena.
Ambos organismos estadounidenses tratan de establecer si los 2 mil millones pesos que pagaron por el crimen del fiscal paraguayo pasaron por el sistema financiero americano, es decir, por un banco de ese país.
A finales de abril pasado, una comitiva de agentes de la Fiscalía y de la Administración de Control de Drogas (DEA) llegó a Colombia para entrevistar a los principales implicados en el homicidio: Francisco Luis Correa Galeano, los hermanos Andrés y Ramón Pérez Hoyos y Margareth Chacón. Le puedo sugerir: Estos son los 10 más buscados por el delito de homicidio en Cartagena
El exmilitar Francisco Luis Correa Galeano, considerado el cerebro del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, es el testigo estrella para la Fiscalía General de la Nación y es por ello que un juez de Conocimiento de Cartagena le ratificó el principio de oportunidad con inmunidad parcial.
Los siete condenados
Tanto Felipe Pérez Hoyos como Ramón Emilio Pérez Hoyos fueron sentenciados por la Justicia colombiana a 306,9 meses de prisión (25 años y 6 meses), por haber ordenado y pagado para acabar con la vida del fiscal contra el Crimen Organizado.
Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, la esposa de Andrés Pérez Hoyos, fue condenada inicialmente a 39 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego, pero este año consiguió una rebaja de pena a 35 años prisión en un fallo de segunda instancia, al ser desestimado el delito de porte ilegal de ama de fuego.
A 23 años y 6 meses de prisión fueron condenados Wendre Still Scott, venezolano y sicario que disparó contra Pecci; Eiverson Adrián Arrieta Zabaleta, el conductor de los asesinos; y Marisol Londoño Bedoya y Cristian Camilo Monsalve Londoño (madre e hijo), quienes se encargaron de hacerle el seguimiento al fiscal en Cartagena.