Los actos investigativos desplegados por la Fiscalía General de la Nación pusieron en evidencia a una red de explotación infantil que instrumentalizaba a niños y niñas indígenas para ejercer prácticas de mendicidad en parques y otros lugares públicos de Medellín (Antioquia).
El ente acusador confirmó que siete personas que estarían involucradas en estas prácticas ilícitas fueron presentadas ante un juez penal de Control de Garantías e imputadas por los delitos de concierto para delinquir y explotación de menores de edad con fines de mendicidad, cargos que no fueron aceptados. Le puedo sugerir: A 2 hombres en Cartagena los condenaron por abusar de niñas menores de edad
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Los procesados son Ana Lucía López Sánchez y los ciudadanos venezolanos Milagros del Valle Siria, Wilfredy Johan Godoy Villamizar, Nahomi Karlais López Goyo, Yosmairi Coromoto Barrios, Ángela del Valle Valera Graterón y Yajaira Alejandra Hernández Correa.
Posteriormente, señala el organismo judicial, los artículos eran revendidos en droguerías y otros establecimientos de comercio ubicados en inmediaciones del Parque Lleras y Provenza, en el barrio El Poblado. De esta manera, la red alcanzaba a percibir mensualmente hasta 180 millones de pesos, producto de la comercialización de los productos y el dinero en efectivo que recibían los niños indígenas.
Con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Alcaldía de Medellín y Migración Colombia, en el curso de la investigación se logró el restablecimiento de derechos a los menores de edad involucrados en más de 900 casos ocurridos durante los últimos dos años. Asimismo, fueron cerradas y selladas tres farmacias que estarían involucradas en el entramado de explotación infantil. Le puede interesar: Capturan a hombre buscado por abusar sexualmente de varias menores de edad
Con las actividades delictivas habrían obtenido ganancias ilícitas superiores a los 2.000 millones de pesos anuales, detalla el organismo judicial.
Por disposición del juez de control de garantías, los ciudadanos extranjeros deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que López Sánchez permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.